El ministro de Seguridad Pública y ex titular de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó los cuestionamientos que han surgido en torno al Plan Nacional de Búsqueda tras la revelación de que Bernarda Vera, quien había sido considerada como detenida desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet, en realidad habría estado viviendo en el extranjero.
Cordero explicó que fue en mayo de 2024 cuando las autoridades comenzaron a recibir información que ponía en duda la veracidad del caso, gracias a las investigaciones realizadas por la periodista e investigadora Pascale Bonnefoy. En sus declaraciones, el ministro indicó: “Cuando las primeras indagaciones de la investigadora Pascale Bonnefoy dieron indicios de que el relato asociado a la situación del hecho ocurrido en Liquiñe no era relativamente consistente pese a la calificación que ya existía por el informe Rettig, fue comunicado en mayo del 2024”.
Además, Cordero mencionó que, a partir de esa fecha, el equipo del programa de Derechos Humanos, encargado del Plan Nacional de Búsqueda, emitió oficios reservados a diversas instituciones, incluyendo la PDI, Acnur y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El ministro también hizo un llamado al respeto por la familia de Bernarda Vera, enfatizando que la información se manejó con la máxima reserva. Se optó por comunicar los antecedentes a la única hija de Vera en enero de 2025, antes de que el Estado de Suecia confirmara oficialmente la situación en mayo de este año. Cordero afirmó: “Este caso es muy importante porque uno no debe perder de perspectiva el cuidado especial con los familiares de las víctimas. La hija de Bernarda Vera ha tenido apoyo y entrevistas por parte del programa. Sería redundar en el dolor insistir públicamente sobre un hecho de estas características. Hay que resguardar la verdad, pero también el dolor de los familiares”.
El ministro continuó: “Nosotros entendemos que ella y su familia han actuado no solo de buena fe, sino con total desconocimiento de esta situación. Todos debiéramos actuar con respeto y extrema prudencia”.
En relación a por qué no se había denunciado antes ante la justicia, Cordero explicó que los oficios enviados a distintas instituciones entre 2024 y 2025 no habían arrojado resultados concretos, hasta que el Estado sueco proporcionó la confirmación de residencia de la mujer. “Yo de la primera noticia que tuve de esto fue en mayo del 2024. No tengo antecedentes de que el Estado de Chile hubiera recibido información sobre este caso antes de esa fecha, al menos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda”, aseguró.
Respecto a la posibilidad de que se repitan situaciones similares, Cordero admitió que “hay antecedentes” de errores en las calificaciones históricas, pero descartó que el Gobierno pueda modificar listados de manera administrativa. “Lo que sí el Estado de Chile tiene conocimiento es que hay muchas víctimas no calificadas, o que bien sus calificaciones fueron rechazadas en la Comisión de Verdad y Reconciliación, y que luego mediante la construcción de trayectorias se ha podido detectar errores. No es posible hoy retirar administrativamente a víctimas del listado del informe Rettig”, explicó.
Finalmente, el ministro descartó una eventual renuncia de la actual coordinadora del Plan Nacional de Búsqueda, Magdalena Garcés, y pidió “prudencia y moderación” en el debate público.
