El futuro ministro de Transportes de Chile, Louis de Grange, ha instado al actual secretario de Estado, Juan Carlos Muñoz, a no seguir adelante con la implementación de la Ley Uber, que regula las aplicaciones de transporte. De Grange compartió una editorial del diario El Mercurio, donde se argumenta que esta normativa fue impulsada por el lobby de los taxistas, quienes, según el medio, han encontrado ventajas en afiliarse a empresas de aplicaciones.
En su declaración, De Grange expresó: “Le he planteado al actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que no persevere con la publicación del Reglamento EAT”. El futuro secretario de Estado considera que la ley tiene efectos negativos tanto para los pasajeros, en términos de precios y calidad del servicio, como para los conductores, que podrían enfrentar desempleo. De Grange subrayó que la normativa “requiere varios e importantes cambios”.
La editorial de El Mercurio coincide con esta perspectiva, señalando que los efectos sociales de la ley serán significativos. Se estima que los conductores a tiempo completo cumplirán con las condiciones establecidas, ya que de lo contrario tendrían que cambiar de oficio. Sin embargo, los conductores a tiempo parcial enfrentarán dificultades, especialmente aquellos que no han obtenido la licencia profesional, que implica un costo considerable, o cuyos vehículos no cumplen con los requisitos de antigüedad o cilindrada mínima. Según el medio, el 75% de los casi 250,000 conductores de Uber en Chile son de tiempo parcial.
El Ministerio de Transportes ha defendido la ley, argumentando que se han realizado ajustes y flexibilidades en el reglamento, como la separación del registro de choferes y vehículos, y la posibilidad de que conductores registrados en una región trabajen en otras. Sin embargo, estos cambios no parecen ser suficientes para mitigar los efectos adversos que la ley podría generar.
En el contexto político actual, el presidente electo José Antonio Kast ha suspendido las reuniones de coordinación para el traspaso de mando con el presidente Gabriel Boric, lo que añade un nivel de incertidumbre a la situación. La discusión sobre la Ley Uber se enmarca en un periodo de transición política en Chile, donde se busca un equilibrio entre las regulaciones y las necesidades del sector del transporte.
