Un reciente informe del think tank Libertad y Desarrollo (LyD) revela que solo el 9,3% de las iniciativas legislativas presentadas por los parlamentarios en Chile se convierten en ley, en contraste con el 70,2% de efectividad de los proyectos impulsados por el Ejecutivo. Este análisis, que abarca datos desde el retorno a la democracia hasta 2025, destaca que, en promedio, los legisladores presentan 601 proyectos por período, mientras que el Poder Ejecutivo presenta 89.
Según el estudio, desde el retorno a la democracia se han presentado más de 17 mil proyectos de ley, de los cuales solo una pequeña fracción ha logrado ser promulgada. LyD señala que la baja tasa de conversión de las mociones parlamentarias en leyes ha afectado la calidad del trabajo legislativo, generando expectativas que muchas veces no se cumplen y abordando temas que pueden no ser prioritarios o relevantes para el bien común.
El informe menciona que desde 2006, los decretos que promulgan leyes originadas en mociones deben incluir el nombre de sus autores, y que esta práctica se formalizó en 2019 con la Ley Nº21.136. Esto ha llevado a un aumento en la cantidad de iniciativas presentadas, aunque no necesariamente a una mejora en la efectividad legislativa. LyD argumenta que este fenómeno ha contribuido a la desconfianza ciudadana hacia el Congreso.
Entre los ejemplos de iniciativas que el informe considera problemáticas se encuentra un proyecto que busca prohibir las granjas de pulpos, presentado por varios diputados. El informe critica que esta propuesta no parece alinearse con un desarrollo sostenible del país. Otro caso mencionado es el boletín Nº16.137-11, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para garantizar el suministro a personas electrodependientes. A pesar de las críticas, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados optó por modificar el proyecto en lugar de rechazarlo, lo que, según LyD, refleja una falta de urgencia en abordar reformas significativas.
Además, se menciona el proyecto No+TAG, que podría revertir el avance hacia sistemas de peaje más eficientes, lo que podría frenar el desarrollo del sector. Este proyecto, presentado en octubre de 2023, ha tenido un proceso legislativo lento, lo que evidencia la preferencia de los legisladores por tramitar iniciativas cuestionables en lugar de rechazar las que no aportan al bienestar social.
LyD concluye que, aunque las intenciones detrás de estas iniciativas pueden ser nobles, si sus efectos son perjudiciales y no hay responsabilidad política por los resultados, se corre el riesgo de que la legislación se convierta en una mera señal sin soluciones efectivas.
