El lunes entró en vigor una nueva legislación en Chile que endurece las sanciones para el transporte informal de pasajeros, especialmente en aeropuertos y terminales donde los turistas son frecuentemente víctimas de estafas.
La modificación a la Ley 19.040 introduce multas severas para los dueños de vehículos, conductores e intermediarios que ofrezcan servicios de transporte irregulares. Además, los pasajeros que contraten estos servicios también enfrentarán sanciones.
Las multas establecidas son significativas: los dueños de vehículos pueden ser sancionados con multas de hasta 100 UTM, equivalentes a aproximadamente $6.954.200, y en caso de reincidencia, esta cifra puede duplicarse a 200 UTM, es decir, hasta $13.908.400. Por su parte, los conductores enfrentarán multas que oscilan entre 5 y 50 UTM, lo que se traduce en montos de $347.710 a $3.477.100, y en caso de reincidencia, las multas pueden aumentar de 10 a 100 UTM, alcanzando hasta $6.954.200.
Los intermediarios, conocidos como ‘voceadores’, que ofrecen servicios de transporte en los terminales o aeropuertos, también serán sancionados con multas de 5 a 50 UTM. Asimismo, los pasajeros que contraten servicios de transporte irregulares a sabiendas de su ilegalidad enfrentarán multas de entre 1 a 3 UTM, que van de $69.542 a $208.626. Además de las sanciones económicas, la nueva ley permite el retiro de circulación de los vehículos involucrados en estas actividades.
Para combatir el transporte informal, la ley establece que la contratación de servicios de movilidad debe realizarse exclusivamente en los módulos o counters habilitados dentro de los aeropuertos y terminales. Esta medida busca prevenir que los pasajeros sean captados por intermediarios informales. También se requiere que el pago se realice con anticipación al viaje, lo que tiene como objetivo evitar estafas al finalizar el servicio.
En el aeropuerto de Santiago, ya se ha implementado un sistema de pago anticipado para los taxis oficiales, que son identificables por sus techos amarillos y negros, mediante un Validador Operacional de Transporte (VOT), similar a un taxímetro. Esta iniciativa forma parte de la marcha blanca de la nueva normativa, que busca mejorar la seguridad y la transparencia en el transporte de pasajeros.
