El abogado Leonardo Moreno, quien actúa como asesor del equipo de seguimiento de compromisos presidenciales de La Moneda, se presentó ante la Fiscalía para defenderse en relación a la fallida adquisición de la casa del fallecido ex presidente Salvador Allende. El objetivo inicial era que este inmueble se convirtiera en una casa patrimonial; sin embargo, la transacción no se llevó a cabo debido a la implicación de la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende en el proceso de compra.
Detalles sobre la compra de la casa de Salvador Allende
La situación se complicó cuando el segundo recurso de inhabilidad contra Maya Fernández fue admitido por el Tribunal Constitucional. En este contexto, Chile Vamos anunció la presentación de una acusación constitucional contra la ministra. En un correo electrónico que se hizo público, se mencionó que “hay dos personas que tienen calidad de autoridad”, lo que alertó sobre la compra de la casa de Salvador Allende.
La ex ministra Marcela Sandoval, quien dejó su cargo en Bienes Nacionales debido a esta controversia, se comunicó con el asesor de la presidencia para discutir las implicaciones políticas y constitucionales de la operación. Según un reportaje de Ciper, Moreno le indicó que el asunto se debía a un problema comunicacional que sería abordado por la presidencia, mientras que Bienes Nacionales debía ocuparse de los aspectos técnicos de la compra.
En una reunión que tuvo lugar entre los gabinetes de Bienes Nacionales, la Subsecretaría de Patrimonio y el asesor, Sandoval reiteró su postura sobre la necesidad de aclarar la situación, pero recibió la misma respuesta de Moreno.
Interrogatorio en la Fiscalía
El 24 de enero, la Fiscalía interrogó a Leonardo Moreno sobre su papel en la compra-venta de la propiedad de la familia Allende. Se le preguntó si había recibido alguna advertencia formal o informal sobre posibles conflictos de interés relacionados con la parte vendedora. Moreno respondió que “nunca nadie me advirtió” sobre tales conflictos, aunque reconoció que hubo una reunión en la que se plantearon “dudas” sobre cómo fundamentar el decreto que autorizaba la compra y cómo se comunicarían los detalles de la adquisición a la ciudadanía.
El abogado indicó que la Secom y Patrimonio se encargarían de esos temas comunicacionales. En su declaración ante la Fiscalía, Moreno afirmó: “A su consulta, efectivamente no se refieren alguna advertencia jurídica y comunicacional, solo en los términos ya mencionados”. Además, se le preguntó si Macarena Diez, jefa jurídica de Bienes Nacionales, le había hecho alguna referencia sobre consecuencias jurídicas asociadas a conflictos de interés, a lo que Moreno respondió que “no se nos hizo ese tipo de advertencia”.
