Este lunes se llevó a cabo una reunión virtual entre la defensa de la diputada Karol Cariola del Partido Comunista y el fiscal regional Nelson Cooper, quien está a cargo de la investigación sobre una supuesta implicación de la parlamentaria en un caso de tráfico de influencias, conocido como el caso Sierra Bella. Durante este encuentro, se acordó que ambas partes segmentarían la información obtenida de los dispositivos personales de Cariola.
Detalles de la reunión y la orden judicial
La reunión se realizó en cumplimiento de la orden emitida por el juez Mario Cayul, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien había establecido un plazo de cuatro días para que se definiera la metodología de separación entre el contenido relevante para la investigación penal y aquel que no tuviera interés criminalístico.
Exclusión de información personal y política
El abogado defensor de Cariola, Juan Carlos Manríquez, explicó que se emplearán tecnologías avanzadas para filtrar la información que se considere irrelevante desde un punto de vista penal. Esto incluye conversaciones políticas o personales que sean sensibles, así como material relacionado con el reciente parto de la diputada.
Incautación de dispositivos y críticas a la diligencia
La incautación inicial, que tuvo lugar el 3 de marzo, abarcó un notebook y un teléfono celular. Esta acción policial fue objeto de severas críticas por parte de la defensa de Cariola, que presentó una cautela de garantías argumentando que se había incautado material que infringía la privacidad y que no proporcionaba información relevante para la investigación criminal.
Próximos pasos en la investigación
Según lo indicado por Manríquez, la próxima semana comenzará la revisión exhaustiva del contenido segmentado que se considere relevante para el ámbito penal. Este análisis se llevará a cabo de manera conjunta entre la defensa y el equipo investigador, utilizando procedimientos tecnológicos específicos para garantizar la transparencia y la precisión en el proceso.
Contexto de la polémica
El acuerdo alcanzado busca satisfacer las preocupaciones planteadas por la defensa en relación con la privacidad y los derechos fundamentales de la parlamentaria, al mismo tiempo que permite al Ministerio Público acceder a la información necesaria para avanzar en la investigación.
Cabe recordar que la controversia se originó tras la divulgación de algunos diálogos privados entre Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en los que se realizaban críticas al gobierno y al Presidente Gabriel Boric. Estas conversaciones, que inicialmente habían sido borradas, fueron recuperadas por expertos policiales durante el proceso judicial del caso Sierra Bella.
