El presidente de Chile, José Antonio Kast, se sometió este miércoles a un test de drogas capilar en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y anunció un proyecto de ley para ampliar la exigencia de este examen a diversas autoridades públicas.
El examen se realizó a las 10:00 horas y fue financiado con recursos propios del mandatario, quien lo llevó a cabo de manera voluntaria, en cumplimiento de la normativa aprobada en febrero. Durante el anuncio, Kast destacó que esta iniciativa busca reforzar los estándares de probidad en la función pública, en línea con las exigencias que su administración ha promovido desde su inicio.
Kast propuso que el proyecto de ley incluya a todos aquellos que ejercen funciones públicas, como el presidente de la República, quienes actualmente no están sujetos a esta normativa. “Esperamos que en esto el Congreso nos apoye para incluir a quienes ejercen cargos de alta responsabilidad pública, como gobernadores, alcaldes, cores y concejales”, afirmó el presidente.
Además, el mandatario sugirió que cada senador y diputado que desee ejercer su mandato popular se someta al examen de pelo, el cual sería administrado por la Contraloría. La propuesta también abarca a presidentes y directivas de partidos políticos, así como a candidatos a cargos de elección popular, con el fin de asegurar que no tengan dependencia de sustancias prohibidas.
Kast hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que se sumen a estas medidas de probidad, enfatizando que “la ciudadanía está esperando mucha mayor transparencia de sus representantes” y que es fundamental recuperar la confianza en las instituciones.
En relación a la normativa existente, el presidente anunció su intención de modificar el decreto N.º 1.215 de 2006, para hacerlo más preciso y adaptarlo a los estándares actuales. La modificación incluirá el examen capilar como método estándar, que sustituirá o complementará la prueba de orina. Kast explicó que el nuevo decreto establecerá que el examen de pelo tendrá una ventana de detección de 90 días y que los resultados deberán ser publicados en la página web de cada servicio dentro de un plazo de 10 días.
“Todo esto lo queremos ir perfeccionando, porque está claro que si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico y de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico”, concluyó Kast, instando a la transparencia en la función pública.
