El Gobierno de José Antonio Kast ha solicitado el retiro del decreto que habilita la implementación de la nueva Ley de Adopción, que busca simplificar procesos que actualmente pueden tardar más de seis años.
Este lunes, se conoció que el Ejecutivo instruyó a la Contraloría General de la República la suspensión del Decreto Supremo N° 2 de 2026, emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente por la Subsecretaría de la Niñez. Esta decisión implica que la Ley 21.760, que fue impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric, no podrá ser aplicada en el corto plazo. El documento enviado a la contralora Dorothy Pérez solicita la actualización del reglamento que permite la ejecución de la norma.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, defendió la decisión del gobierno, afirmando que “en nada estamos retrocediendo. Por el contrario, estamos trabajando seriamente para que el país avance”. La Ley de Adopción, que había sido diseñada para agilizar y simplificar los trámites de adopción, también incluía una evaluación formativa para los postulantes, buscando mejorar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el proceso de adopción.
La Fundación Iguales ha denunciado que la decisión del Gobierno de Kast deja la Ley de Adopción “en pausa”, lo que afecta a los más vulnerables, es decir, a los niños y adolescentes que permanecen en instituciones. La fundación subrayó que la nueva ley tenía como objetivo acelerar los procesos de adopción y eliminar la discriminación hacia diferentes tipos de familias. En sus declaraciones, exigieron una revisión rápida y celeridad en el proceso para que la ley pueda entrar en vigencia.
El debate sobre esta decisión ha involucrado a exministros como Jeannette Jara, Juan Carlos Muñoz, Álvaro Elizalde y Carolina Tohá, mientras que figuras como Camila Vallejo y Macarena Lobos no han participado en la discusión. Jaime Bellolio, parlamentario de la UDI, expresó su preocupación por el impacto que esta decisión tiene en la educación, señalando que “los profesores tienen mucha pena. Un grupo de 3 no pueden dejar como rehén a más de 2.000 que vienen a recibir educación de calidad”.
La situación ha generado confusión sobre las carteras que se verán afectadas por el recorte presupuestario ordenado por el gobierno, y se ha reportado que en 15 de las 16 regiones del país se han registrado casos de violencia, siendo Arica la única región sin reportes el año pasado.
