Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, niega acusaciones de corrupción y administración desleal en el caso Achifarp. Revelaciones complican su defensa.
“Durante todo ese tiempo no tomé parte ni directa ni indirectamente de ninguna compra, contrato o decisión de los hechos que investiga la fiscalía”. Esta afirmación fue realizada por Jorge Sharp, actual alcalde de Valparaíso y extesorero de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), en respuesta a las acusaciones formuladas por Marco Fernández Neira, creador de las farmacias populares en Recoleta y actual funcionario de Salud en Valparaíso. La declaración fue entregada a Mega Investiga en el contexto de una investigación en curso.
Fernández, en su declaración ante la Fiscalía el 18 de abril, que fue divulgada por Mega Investiga, acusó a Sharp de administración desleal, omisión de denuncia y complicidad en delitos de corrupción relacionados con el caso de las farmacias populares, que surgió en 2021 tras una querella presentada por Best Quality, el principal proveedor de Achifarp. Desde el inicio de este caso, que ha llevado a la prisión preventiva de Daniel Jadue, la defensa de Sharp ha sostenido que, a pesar de haber sido tesorero durante más de cuatro años, nunca tuvo acceso a cuentas corrientes, compras, contrataciones o información contable de la asociación, argumentando que en la práctica no ejerció el cargo de tesorero.
Sharp también mencionó que formalizó su renuncia a la directiva de Achifarp debido a diferencias con la administración, lo cual está documentado en una carta que envió en septiembre de 2021. Sin embargo, Mega Investiga obtuvo acceso a correos y comunicaciones que indican que en julio de 2021, dos meses antes de su renuncia, Sharp redactó y solicitó a sus asesores que visaran una carta de renuncia cuyo remitente era Daniel Jadue, lo que sugiere que sí tuvo acceso a la información contable de Achifarp, tal como lo estipulaban los estatutos de la asociación.
Marco Fernández comenzó a trabajar en la Municipalidad de Recoleta en 2013, durante la primera administración de Daniel Jadue, y fue encargado de la creación e implementación del proyecto de farmacias populares. En noviembre de 2016, tras la constitución formal de Achifarp, Fernández se reunió con Jorge Sharp, quien lo invitó a participar en su administración. Fernández asumió el cargo de subdirector de economía en salud en diciembre de 2016, convirtiéndose en un colaborador cercano de Sharp en el proyecto de farmacias populares.
Según el relato de Fernández, Sharp nunca ejerció efectivamente como tesorero de Achifarp, a pesar de que los estatutos le otorgaban la responsabilidad de velar por el correcto uso del patrimonio de la asociación y de elaborar informes de rendición de cuentas anuales. Se ha informado que, tras el estallido del primer escándalo público relacionado con Achifarp en marzo de 2021, Sharp comenzó a desarrollar una estrategia para desvincularse de sus funciones como tesorero.
En julio de 2021, Sharp solicitó a Fernández que elaborara una carta de renuncia que expusiera las discrepancias que había tenido con la directiva encabezada por Jadue. Fernández envió un borrador de esta carta el 23 de julio de 2021, en el que se mencionaban la falta de informes sobre los estados y flujos de la cuenta bancaria y la falta de transparencia en la información contable. Sharp mostró su acuerdo con el contenido de esta carta, indicando que debía ser enviada lo antes posible. Sin embargo, esta carta nunca fue enviada, y Sharp continuó en su cargo hasta septiembre de ese año.
La carta que finalmente envió a la directiva de Achifarp omitió las razones que se habían incluido en el primer borrador y solo mencionó la falta de reuniones de directorio y asambleas de socios como motivo de su renuncia. Mega Investiga intentó contactar al equipo de Sharp para obtener su versión sobre estos correos, pero no se recibió respuesta antes del cierre de esta publicación.
En cuanto a la defensa de Sharp, se ha mencionado una reunión extraordinaria del directorio de Achifarp que tuvo lugar el 23 de agosto de 2018, donde se le otorgó un “mandato amplio” a Daniel Jadue para aumentar sus facultades como presidente. Este mandato incluía la autorización para solicitar créditos y firmar contratos por hasta veinte mil euros. Sin embargo, el diputado Eduardo Durán, presidente de la comisión investigadora de farmacias populares, ha cuestionado esta defensa, argumentando que Sharp no puede eludir su responsabilidad en un asunto en el que tuvo participación directa.
Por su parte, el diputado Andrés Celis ha señalado que Sharp, en su rol de tesorero, fue negligente y no descarta que haya actuado de manera dolosa. Actualmente, la Contraloría ha designado a una funcionaria como apoyo en la investigación de la Fiscalía Centro Norte, donde se imputan a Jadue delitos como cohecho, soborno, administración desleal y lavado de activos. En la actualidad, Jorge Sharp figura como testigo en esta investigación y declaró bajo esa calidad en julio de 2023.
