El 8 de enero, el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número significativo de presos políticos en el país, durante una transmisión en el canal estatal. Rodríguez afirmó que las excarcelaciones estaban ocurriendo “en este preciso momento” y que se esperaba que continuaran a lo largo de la jornada, describiendo la medida como un “gesto del gobierno bolivariano” para fomentar la paz en Venezuela.
El anuncio se realizó en un contexto donde diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs) han reportado que el número de presos políticos en Venezuela oscila entre 800 y 1,000. Sin embargo, al día siguiente del anuncio, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que representa a la oposición venezolana, comunicó que solo 11 personas habían sido liberadas, aunque no se han podido confirmar sus identidades. Esta cifra representa apenas el 1% de la población encarcelada, lo que ha generado críticas sobre la efectividad de la medida.
Rodríguez enfatizó que la liberación de los presos políticos es un “aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la paz”. Sin embargo, la administración actual de Venezuela sostiene que no existen presos políticos, argumentando que los detenidos han sido encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.
Según el informe de la ONG Foro Penal, hasta el año pasado había un total de 863 presos políticos, mientras que la organización Justicia, Encuentro y Perdón reporta 1,011. La discrepancia en las cifras y la escasa cantidad de liberaciones han suscitado un debate sobre la situación de los derechos humanos en el país y la necesidad de una solución más amplia para los miles de venezolanos que permanecen encarcelados bajo acusaciones políticas.
