La diputada Joanna Pérez, junto a otros legisladores, ha presentado una moción para reformar la Ley General de Servicios Eléctricos en Chile, con el objetivo de establecer un régimen de restitución de montos cobrados en exceso debido a errores en el cálculo de tarifas eléctricas. Esta iniciativa busca fortalecer la protección al consumidor en el sector energético y responde a errores sistemáticos detectados en los reajustes tarifarios eléctricos en los últimos años.
La propuesta, que cuenta con el apoyo de los diputados Andrés Jouannet, Víctor Pino, Jorge Saffirio y Erika Olivera, se fundamenta en la identificación de deficiencias en el marco regulatorio que rige la fijación de tarifas eléctricas. En particular, se ha señalado un error metodológico significativo relacionado con la duplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los cálculos tarifarios, un hallazgo reconocido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) tras una revisión realizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Este error ha generado un perjuicio económico directo estimado en más de 116 millones de dólares, afectando a millones de usuarios del servicio eléctrico.
El artículo 146 de la Ley General de Servicios Eléctricos establece que las tarifas deben fijarse mediante un decreto supremo del Ministerio de Energía, basado en un informe técnico de la CNE. Sin embargo, la normativa actual carece de mecanismos específicos para la restitución inmediata de montos cobrados en exceso y no contempla procedimientos expeditos para corregir errores en los decretos tarifarios. Esto ha creado una asimetría en la defensa de los derechos de los consumidores, quienes no cuentan con vías efectivas para reclamar reparaciones por errores tarifarios, mientras que las empresas distribuidoras tienen múltiples recursos para impugnar tarifas que consideren insuficientes.
Además, la legislación vigente no establece sanciones pecuniarias específicas para errores tarifarios, lo que significa que las empresas no enfrentan consecuencias por aplicar tarifas incorrectas. Esta falta de un régimen sancionador adecuado debilita la protección al consumidor y reduce los incentivos para que las empresas mantengan controles rigurosos en sus procesos de cálculo tarifario.
El análisis de las facultades del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) revela que este organismo no tiene la capacidad para patrocinar acciones colectivas contra errores en los decretos tarifarios, lo que limita su efectividad en la defensa de los derechos de los consumidores. Esta situación ha llevado a que los usuarios deban asumir los costos de acciones judiciales individuales, que a menudo son inviables debido a la baja cuantía de los perjuicios.
La propuesta legislativa incluye la incorporación de un nuevo artículo 151 bis a la Ley General de Servicios Eléctricos, que obligaría a las empresas concesionarias, generadoras o distribuidoras a restituir automáticamente a los usuarios los montos cobrados en exceso en caso de errores en la determinación de tarifas. Esta restitución se realizaría dentro de un plazo de 30 días desde la notificación del error por parte de la autoridad, y los montos serían reajustados conforme a la variación del IPC, incrementados con el interés corriente.
El proyecto de ley, que ya ha cumplido su primer trámite constitucional, ha sido enviado a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados para su estudio y posterior informe a la sala. La iniciativa también contempla que el Banco Central emita un informe sobre el impacto de los errores tarifarios en el IPC y en la Unidad de Fomento, proponiendo los ajustes necesarios para restablecer la exactitud de las series estadísticas.
La discusión sobre esta moción se enmarca en un contexto donde los errores en el cálculo de tarifas eléctricas no solo afectan a los consumidores, sino que también tienen implicaciones en indicadores macroeconómicos fundamentales, como el IPC, que influye en las políticas monetarias y fiscales del país.
