La diputada electa del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, ha solicitado a la Contraloría General de la República la revisión de la legalidad de una pensión de gracia otorgada a Juan Francisco Villalobos Prado, quien fue calificado como víctima del estallido social en Chile, a pesar de tener antecedentes judiciales y de que su denuncia fue cerrada sin acusados.
Rodríguez presentó un oficio dirigido a la contralora general, Dorothy Pérez, en el que pide que se analice si la pensión concedida se ajusta a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.056, que permite al Presidente de la República otorgar pensiones de gracia de manera excepcional mediante un decreto fundado. Villalobos Prado recibió esta pensión en 2022 tras ser reconocido como víctima por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El beneficiario había denunciado a funcionarios de Carabineros por detención ilegal, daños físicos y abuso sexual, alegando que estos hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Sin embargo, la investigación fue cerrada el 17 de enero de 2025 por el Décimo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, debido a que el Ministerio Público decidió no perseverar al no haber imputados en la causa. Además, se indicó que Villalobos Prado no asistió a dos pericias programadas por el Servicio Médico Legal.
La diputada Rodríguez también destacó que Villalobos Prado tenía antecedentes judiciales previos, incluyendo una orden de detención en su contra por un caso de estafa que se inició en 2019 y que fue cerrado en enero de 2024 tras el pago de una caución. También se mencionó una condena por hurto en 2008.
Desde el inicio de las manifestaciones en octubre de 2019, la Tesorería General de la República ha desembolsado más de 7 mil millones de pesos chilenos en pensiones de gracia a 418 beneficiarios. En particular, Villalobos Prado ha recibido cerca de 22 millones de pesos, con un monto mensual aproximado de 694 mil pesos.
Rodríguez cuestionó el manejo del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en relación a estas pensiones, afirmando que se han pagado más de 7 mil millones de pesos a 418 pensionados, muchos de los cuales son supuestas víctimas del estallido social. La diputada expresó su preocupación por el caso de Villalobos, señalando que la causa terminó sin acusados y que el beneficiario no asistió a las pericias del Servicio Médico Legal. Además, planteó interrogantes sobre el funcionamiento de la comisión que evalúa las solicitudes de pensión de gracia y exigió al Ejecutivo que explique los criterios utilizados para su otorgamiento.
