El Gobierno de Javier Milei se prepara para presentar un controvertido proyecto de reforma integral del Código Penal en el Congreso, que incluye la eliminación de la figura de femicidio como agravante. Esta iniciativa, que será discutida en sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo después del 10 de diciembre, ha generado un intenso debate político y social debido a sus amplias modificaciones propuestas.
La saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dejó su cargo para asumir como senadora, confirmó la eliminación del femicidio durante una conferencia de prensa el lunes, donde estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Bullrich indicó que este tema está “en debate” y explicó que el objetivo del proyecto es “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el Código”. En sus declaraciones, afirmó: “Los más favorecidos eran los delincuentes, los violadores y los asesinos. A partir de ahora, los favorecidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas”.
Además, Bullrich defendió la propuesta como un esfuerzo por mejorar el funcionamiento del sistema judicial, señalando que uno de los objetivos fundamentales es asegurar que “la justicia llegue a tiempo” y que las condenas sean percibidas como efectivas por la sociedad. La ministra enfatizó que no se debe permitir que delincuentes que deberían estar en prisión regresen a delinquir.
Fuentes gubernamentales citadas por TN han indicado que la posible supresión de la figura de femicidio “está en estudio”, aunque se ha aclarado que cualquier cambio no tendrá efectos retroactivos sobre condenas ya firmes. La discusión sobre este agravante no es nueva; el presidente Milei ya había cuestionado su existencia en el Foro Económico Mundial, argumentando que “si uno mata a una mujer se llama femicidio y eso conlleva una pena más grande que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima”.
El proyecto también contempla un listado ampliado de delitos que no podrán prescribir, incluyendo homicidio agravado, trata de personas, secuestros extorsivos, terrorismo y narcotráfico, y se está considerando incorporar la corrupción, lo que impediría que funcionarios condenados mantengan jubilaciones de privilegio.
En un contexto político más amplio, el ex presidente de la UDI, José Antonio Kast, ha expresado su apoyo a su asesor económico, sugiriendo que podría ser nombrado ministro, y ha criticado a la ex ministra Bullrich, afirmando que “tu gobierno entero protegió a un abusador”. En este marco, la actual ministra de Educación, Jeannette Jara, se enfrenta a un desafío significativo en su intento por reducir las distancias con Kast en las próximas elecciones.
