Cinco funcionarios municipales de Isla de Maipo fueron detenidos en un operativo por su supuesta participación en una red criminal dedicada a la venta ilegal de licencias de conducir.
El operativo, llevado a cabo por el OS-9 y el GOPE de Carabineros, resultó en la detención de siete personas, de las cuales cinco eran empleados del municipio. La investigación, liderada por la fiscal jefa de Talagante, Tania Sironvalle, y la fiscal Gabriela Miranda, reveló que la organización operaba desde 2023, facilitando la obtención de licencias de conducir clase B y profesionales sin cumplir con los requisitos legales establecidos.
Los detenidos habrían realizado diversas gestiones ilícitas, como rendir exámenes teóricos en nombre de los solicitantes, omitir los exámenes prácticos, proporcionar domicilios falsos y adelantar fechas de trámite. Además, se contactaban con intermediarios para obtener certificados de estudios o cursos de conducción falsificados. En algunos casos, incluso eliminaban registros de deudores de pensiones alimenticias para que los interesados pudieran obtener la licencia.
Los precios de estos trámites ilegales oscilaban entre $400 mil y $500 mil, dependiendo de si el solicitante contaba o no con un certificado de estudios. La fiscal Miranda indicó que “tenemos identificado al líder, a los demás funcionarios que participaban y los roles que cumplían cada uno”, mientras que la fiscal Sironvalle destacó que la organización estaba compuesta por alrededor de 12 personas con funciones claramente definidas.
Los imputados enfrentarán cargos por asociación criminal, cohecho agravado, infracciones a la Ley de Tránsito y falsificación de instrumentos públicos, todos en carácter reiterado. La audiencia de control de detención se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Talagante.
El alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave Cambara, quien presentó la denuncia hace más de un año, valoró las detenciones y afirmó que “se trataba de una empresa criminal que operaba hace muchos años en la comuna”, añadiendo que los funcionarios involucrados eran de contrata y planta municipal.
