Las protestas en Irán han dejado un saldo de al menos 2.000 muertos, según un funcionario del gobierno, lo que marca un cambio significativo en la comunicación oficial sobre la crisis. Esta cifra fue reconocida el martes por un representante anónimo a la agencia Reuters, quien atribuyó las muertes tanto a manifestantes como a miembros de las fuerzas de seguridad, describiendo las acciones como resultado de “terroristas”. Sin embargo, esta cifra oficial contrasta drásticamente con los informes de la organización Iran Human Rights, que ha documentado al menos 648 fallecidos y advierte que el número real podría superar las 6.000.
Las manifestaciones, que comenzaron hace dos semanas, fueron provocadas por el deterioro de la situación económica y el aumento del costo de vida, y se han convertido en el mayor desafío interno para el régimen iraní desde 2019. A medida que las protestas han avanzado, han evolucionado de demandas económicas a un rechazo más amplio al régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución islámica de 1979.
El gobierno iraní ha adoptado un enfoque de doble discurso ante la crisis: por un lado, ha reconocido la legitimidad de las protestas relacionadas con problemas económicos, pero por otro, ha intensificado la represión y la respuesta de seguridad. Además, las autoridades han acusado a Estados Unidos e Israel de instigar los disturbios, afirmando que las manifestaciones han sido “secuestradas” por grupos que consideran terroristas.
Desde el 8 de enero, el acceso a internet ha estado bloqueado, lo que, según organizaciones de derechos humanos, busca ocultar la magnitud de la represión y ha dificultado la verificación independiente de las cifras de víctimas. Aunque el martes se restableció la conexión telefónica internacional en Teherán, el bloqueo de internet sigue vigente.
La admisión oficial de cerca de 2.000 muertes representa un cambio en la estrategia informativa del régimen, que hasta ahora había evitado proporcionar cifras globales sobre las víctimas de las protestas. Este reconocimiento podría tener implicaciones significativas para la percepción interna y externa del gobierno iraní en medio de una crisis que continúa escalando.
