Un grupo de senadores chilenos ha presentado una iniciativa para regular el uso de la inteligencia artificial en la investigación biomédica, buscando proteger los derechos de los usuarios y evitar sesgos discriminatorios.
La propuesta, impulsada por los senadores Francisco Chahuán, José García, Rafael Prohens, Kenneth Pugh y la senadora Ximena Rincón, surge en un contexto donde la inteligencia artificial ha crecido de manera exponencial en diversos sectores, incluyendo la investigación biomédica. Este avance tecnológico ha permitido mejorar la eficacia en la interpretación de datos, el diagnóstico y el desarrollo de investigaciones científicas. Sin embargo, los legisladores advierten sobre los problemas éticos que pueden surgir, como la protección de la vida privada, la autonomía del paciente y el acceso equitativo a la salud, así como el riesgo de discriminación arbitraria.
La iniciativa busca establecer un marco ético que regule el uso de la inteligencia artificial en este ámbito, fundamentado en principios de transparencia, no discriminación, respeto a los derechos fundamentales y confidencialidad de los usuarios. Se especifica que tanto los centros de salud como los profesionales que deseen utilizar sistemas de inteligencia artificial deberán contar con la autorización de un comité de ética. Además, se establece que estos sistemas deben operar bajo supervisión humana constante para validar las decisiones tomadas.
Asimismo, las instituciones que utilicen inteligencia artificial en sus investigaciones deberán documentar y declarar sus publicaciones científicas, asegurando el respeto a los derechos de las personas. Esto incluye la obtención de un consentimiento informado, donde se explique de manera clara y explícita el uso que se dará a la información, y se garantice que el usuario puede revocar su consentimiento en cualquier momento.
La fiscalización de estas instituciones estará a cargo de los organismos competentes, y el incumplimiento de las normativas podría acarrear sanciones que van desde multas hasta la suspensión de proyectos o la revocación de autorizaciones.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y ha sido remitida a la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado para su estudio y posterior informe a la Sala de la Corporación.
