Cierre de Huachipato afecta a 1.500 trabajadores. El Ministerio de Economía implementa un plan de 32 medidas para reactivar la economía del Biobío.
Tras el cierre de la siderúrgica Huachipato, se ha visto afectada una cantidad significativa de trabajadores, tanto directos como de proveedores, alcanzando un total de 1.500 personas. En respuesta a esta situación, se han implementado diversas medidas con el objetivo de mitigar el impacto económico en la región del Biobío. Esta semana, el Ministerio de Economía ha presentado un plan que incluye 32 medidas destinadas a reactivar la economía local, con la intención de desbloquear proyectos que suman un total de 6.800 millones de dólares.
Desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), se ha anunciado que se otorgará un subsidio a las empresas que contraten a los trabajadores afectados en actividades productivas. José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, mencionó en una entrevista en radio Pauta que este beneficio comenzará a estar disponible a partir de octubre. Además, se han considerado capacitaciones complementarias para los trabajadores que han sido impactados por el cierre, con el fin de mejorar sus competencias laborales. Benavente destacó que “Huachipato no cierra porque quiebra” y que la empresa CAP tiene entre 300 y 500 millones de pesos destinados exclusivamente a capacitación, conforme a lo que permite la ley.
El impacto del cierre no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a las empresas proveedoras de Huachipato. Benavente indicó que estas empresas también enfrentarán dificultades debido a la reducción en su poder de compra. Se realizó un catastro específico que identificó a 162 empresas proveedoras y a 4.000 personas involucradas, para las cuales también se ha considerado un apoyo.
A través del programa Activa Inversión, Corfo se compromete a cubrir emergencias de hasta 35 millones de pesos para inversiones en equipos y otras necesidades que busquen atender la demanda y los cambios generados por el cierre de la siderúrgica. Benavente explicó que las medidas abarcan tanto el corto como el mediano plazo, y que la institución puede hacerse cargo de estas hasta marzo de 2026.
El vicepresidente ejecutivo de Corfo también subrayó la importancia de crear una institucionalidad que no dependa únicamente del sector público, sino que involucre al sector privado, universidades y sindicatos. Se están desarrollando iniciativas que buscan transferir competencias y responsabilidades al territorio, con el objetivo de asegurar la continuidad de las políticas públicas, incluyendo los programas de apoyo, independientemente de la administración en el poder. Las direcciones regionales de Corfo se están configurando como comités de desarrollo productivo, lo que permitirá una gestión más efectiva y adaptada a las necesidades locales.
