El Tribunal de Contratación Pública de Chile ha decidido acoger la impugnación presentada contra el Hospital Regional de Antofagasta, relacionada con la licitación pública para la provisión de un test reportado para VPH y citología en base líquida, que incluía la entrega de equipos en comodato.
La impugnante argumentó que la revocación de la licitación fue ilegal y arbitraria, ya que no se basó en requerimientos que se hubieran formulado de manera oportuna durante el proceso licitatorio. Según la actora, las razones invocadas por el Hospital para revocar la licitación no se alineaban con los criterios establecidos en las bases del proceso. En este sentido, se destacó que el Hospital no consideró que las bases permitían restringir los pedidos de insumos según sus necesidades, sin necesidad de anular la licitación en su totalidad.
Además, la impugnante señaló que la resolución de revocación carecía de una fundamentación adecuada, ya que el Hospital no presentó argumentos suficientes y razonables que justificaran su decisión. Esto, según la actora, constituía una violación a los principios de transparencia y debido proceso que deben regir en las contrataciones públicas.
El Tribunal de Contratación Pública, al acoger la impugnación, reconoció que el Director del Hospital tenía la facultad de revocar la licitación, pero determinó que esta facultad no fue ejercida de manera correcta en este caso. La resolución revocatoria no se sustentó en argumentos de razonabilidad, proporcionalidad y juridicidad, y no se ajustó a las disposiciones de las bases de licitación ni a la normativa legal aplicable a los procedimientos de licitación pública.
El Tribunal también criticó la falta de fundamentación en la resolución revocatoria, reiterando que el Hospital no proporcionó argumentos suficientes para justificar su decisión, lo que contraviene los principios de transparencia y debido proceso. Asimismo, se concluyó que la revocación era innecesaria, dado que las bases de licitación permitían al Hospital ajustar los pedidos de insumos según sus necesidades sin tener que revocar la licitación completa. Esta conclusión refuerza la idea de que la revocación fue una medida desproporcionada e injustificada.
