La Fiscalía de Ecuador ha confirmado que los cuerpos calcinados hallados recientemente pertenecen a los cuatro niños que desaparecieron el 8 de diciembre en Guayaquil. Este trágico suceso ha llevado a la detención de 16 miembros del Ejército ecuatoriano.
Confirmación de identidad de los cuerpos
El organismo fiscalizador comunicó a través de sus redes sociales que “los resultados de las pericias de genética forense confirman que los cuatro cuerpos encontrados en Taura corresponden a los tres adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre”. Esta declaración subraya la gravedad del caso y la implicación de las fuerzas armadas en la desaparición de los menores.
Detalles sobre los niños desaparecidos
Los niños que fueron reportados como desaparecidos han sido identificados como los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años respectivamente, junto con Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años. Los menores habían salido a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas cuando fueron interceptados por una patrulla militar. Posteriormente, fueron trasladados a Taura, donde se encuentra una de las bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Desde ese momento, se perdió el rastro de los niños, a pesar de que los militares afirmaron que los habían dejado con vida en el camino.
Reacciones y acciones legales
Abraham Aguirre, abogado de las familias de los menores, indicó que “la prueba de ADN confirmó que los cuatro cuerpos encontrados en Taura son de los cuatro niños desaparecidos. Estos exámenes se toman un tiempo, pero en virtud de la premura y la conmoción que ha causado este caso, el laboratorio de Criminalística remitió el informe a la brevedad”. Esta declaración resalta la urgencia y la sensibilidad del caso, dado el impacto que ha tenido en la sociedad ecuatoriana.
Implicaciones legales y responsabilidad del Estado
La Justicia de Ecuador ha calificado este caso como una desaparición forzada, un delito que conlleva penas de hasta 26 años de prisión. Además, se ha señalado la “responsabilidad del Estado” en este asunto, ya que se ha planteado que los 16 militares involucrados “no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos”. Esta situación ha generado un debate sobre la actuación de las fuerzas armadas y la protección de los derechos humanos en el país.
