Las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran en estado de catástrofe debido a los devastadores incendios forestales que han dejado un saldo de 16 personas fallecidas y más de 20 mil hectáreas consumidas por las llamas. Las autoridades locales y parlamentarios han expresado su preocupación por la lentitud en la respuesta del Gobierno ante esta emergencia.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la rapidez con la que se anunció el decreto de estado de catástrofe, afirmando que “no recuerdo que en un episodio de similar naturaleza un Gobierno haya anunciado un decreto con tanta celeridad”. Sin embargo, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, criticó la falta de apoyo gubernamental, señalando que a diez horas del inicio de la crisis no había recibido la asistencia necesaria.
El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, también cuestionó la gestión del Ejecutivo, indicando que el presidente Gabriel Boric había anunciado el estado de catástrofe sin que el decreto estuviera firmado, lo que podría haber retrasado la respuesta de la jefatura de Defensa. En este contexto, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) subrayó que el Gobierno actuó con tardanza, especialmente en la declaración del estado de excepción, que tardó casi 15 horas en ser implementado.
Pérez también criticó la confusión en la información sobre el número de fallecidos, que fue reportado de manera contradictoria por los ministros del Interior y de Seguridad. Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) destacó que la situación en la zona centro-sur del país evidencia serias debilidades en la prevención y respuesta ante emergencias, señalando que, aunque hubo despliegue de recursos, la reacción fue en muchos casos tardía y la comunicación con la ciudadanía no fue clara.
La parlamentaria Clara Sagardía (FA) se unió a las críticas, afirmando que la respuesta del Gobierno ha sido lenta y que el centralismo perjudica la capacidad de las regiones para tomar decisiones rápidas en situaciones de crisis. El ex candidato presidencial Johannes Kaiser también se mostró crítico, calificando de “negligencia inexcusable” la falta de tramitación del decreto de estado de catástrofe horas después del anuncio presidencial.
En medio de esta crisis, Claudia Altamirano, hija de una de las víctimas del incendio en Lirquén, relató que recibió la noticia de la tragedia a través de un mensaje de WhatsApp. La fiscal regional, Nayalet Mansilla, informó que hasta el momento no se ha encontrado evidencia de intencionalidad en los incendios en Ñuble.
La audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga está programada para el 2 de febrero, donde se revisarán las acusaciones en su contra. Además, la Comisión para el Mercado Financiero ha dado el visto bueno final para que una entidad comience a operar en un año, con el objetivo de identificar territorios con mayor riesgo de incendios forestales.
