El Gobierno de España ha aprobado un decreto que permitirá la regularización extraordinaria de aproximadamente 500,000 migrantes que ya se encuentran en el país, según anunció este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Esta medida, que exige a los solicitantes no tener antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, se considera un paso hacia la justicia social y la coherencia ética.
Los interesados en regularizar su situación podrán comenzar a presentar sus solicitudes de manera telemática a partir del 16 de abril. Ese mismo día, también podrán solicitar citas para realizar el trámite de forma presencial, aunque no será hasta el 20 de abril cuando puedan acudir a las oficinas para formalizar su petición. Esta regularización, anunciada en enero, busca otorgar permisos de residencia y trabajo a un número significativo de personas que ya contribuyen a la sociedad española.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta dirigida a la ciudadanía, destacó que esta medida representa un acto de “normalización” que reconoce la realidad de medio millón de personas que forman parte integral de la vida cotidiana en España, desempeñando roles esenciales como el cuidado de mayores y el trabajo en sectores clave. Además, Sánchez subrayó que esta regularización es un acto de justicia hacia los antepasados de los españoles que emigraron en busca de mejores oportunidades, así como hacia los jóvenes que se vieron obligados a abandonar el país tras la crisis económica de 2008.
Durante una rueda de prensa en Pekín, donde se encuentra en un viaje oficial, Sánchez enfatizó que la regularización fue solicitada por diversos actores sociales, incluyendo la Iglesia católica y representantes de los agentes sociales, quienes han señalado la necesidad de mano de obra para continuar con la creación de empleo en el país.
Sin embargo, la medida ha encontrado oposición en el Partido Popular (PP), el principal partido de la oposición, que ha calificado la regularización como un “sinsentido” y una “barbaridad”, anunciando su intención de impugnarla. Por su parte, Vox, un partido de ultraderecha, ha manifestado su intención de recurrir la medida ante el Tribunal Supremo y ha lanzado una campaña para concienciar sobre lo que consideran las consecuencias de la inmigración “masiva”.
