El Gobierno de España ha aprobado una regularización extraordinaria que permitirá a aproximadamente 500.000 migrantes obtener permisos de residencia y trabajo, en un proceso que se caracteriza por su rapidez y flexibilidad en los trámites. Esta medida, que se asemeja a la regularización implementada tras las inundaciones de 2024, busca facilitar la integración de migrantes en el país.
La iniciativa se enmarca en un contexto donde se prevé que los interesados puedan comenzar a presentar sus solicitudes a principios de abril, gracias a la tramitación urgente de un real decreto que reformará el reglamento de extranjería. Este proceso se plantea como un desafío para la administración, dado el gran volumen de solicitudes que se espera, pero los expertos son optimistas debido a la simplificación de requisitos.
Paco Solans, portavoz de la asociación de abogados Extranjeristas en Red, ha señalado que solo se requerirán tres documentos para la solicitud: un pasaporte vigente, una acreditación de residencia y un certificado de antecedentes penales. Además, el Gobierno ha establecido criterios flexibles para demostrar el cumplimiento de estos requisitos. Por ejemplo, en lugar de un certificado de residencia, se aceptarán otros documentos como informes médicos, contratos de servicios o certificados de envío de dinero. En cuanto a los antecedentes penales, si el solicitante no recibe el certificado en un mes, podrá presentar una declaración responsable.
La regularización se dirige principalmente a aquellos migrantes que hayan residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales. El proceso de solicitud se espera que sea ágil, con un plazo de admisión de 15 días, tras el cual los solicitantes recibirán una autorización provisional para trabajar y se suspenderán los procedimientos de retorno o expulsión.
Para gestionar el alto volumen de solicitudes, el Gobierno habilitará espacios adicionales a las Oficinas de Extranjería y también permitirá la presentación de solicitudes de manera telemática. Solans ha destacado que, a diferencia de la regularización de 2005, ahora es posible que un abogado gestione la solicitud de forma telemática, lo que facilitará el trabajo administrativo.
El objetivo es que los expedientes se resuelvan en un plazo máximo de tres meses, lo que Solans considera factible dada la simplicidad de los documentos requeridos. Si la solicitud es aprobada, los beneficiarios recibirán un permiso de residencia y trabajo por un año, con la posibilidad de acogerse a otras figuras del reglamento de extranjería al finalizar este periodo.
