El Gobierno de Chile ha decidido retirar el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029 de la Contraloría, lo que ha generado una fuerte controversia entre organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura.
La medida, según explicaron desde el Ejecutivo, busca permitir que la nueva administración evalúe el contenido del plan antes de su reingreso, aunque se aclara que no se trata de un abandono del mismo, sino de una pausa administrativa para realizar posibles ajustes. Sin embargo, esta decisión ha suscitado críticas y preocupaciones entre agrupaciones que representan a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, quienes ven en este retiro una señal de incertidumbre sobre el compromiso del Estado con los derechos humanos.
Engracia Palominos, representante de la agrupación de familiares de Iquique y Pisagua, expresó que continúan alertas ante cualquier anuncio relacionado con el PNDH, subrayando que las familias siguen enfrentando las consecuencias de la tragedia y que cualquier modificación a instrumentos clave en derechos humanos afecta directamente a quienes buscan verdad y justicia. En este contexto, las organizaciones han decidido entregar una carta al ministro de Justicia, solicitando una reunión para discutir sus inquietudes.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago, también criticó la situación, señalando que las señales enviadas por el presidente son erráticas, citando como ejemplo a un ministro que defendió al dictador Augusto Pinochet en Londres.
En respuesta a las críticas, el ministro de Justicia, Luis Cordero Rabat, aseguró que el plan será reingresado “lo antes posible”, con el objetivo de reafirmar el compromiso del Gobierno con la política de derechos humanos y las medidas de memoria y reparación. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre posibles indultos, argumentando que su ministerio tiene un carácter técnico y que las decisiones políticas corresponden a otros miembros del gabinete.
