Gervoy Paredes tiene cinco días hábiles para apelar su destitución como alcalde de Puerto Montt, tras ser acusado de notable abandono de deberes.
Cinco días hábiles tiene Gervoy Paredes para presentar una apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones, tras la decisión del Tribunal Electoral Regional de Los Lagos que determinó su destitución inmediata como alcalde de Puerto Montt. Esta resolución fue emitida después de que se acogiera el requerimiento de remoción presentado por los concejales Juan Carlos Cuitiño, Fernando Binder, Emilio Garrido y Yerko Rodríguez, quienes argumentaron que el alcalde había incurrido en notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa.
El dictamen del tribunal, que fue rechazado únicamente por la jueza Teresa Mora, establece que “se acogió requerimiento de remoción por notable abandono de deberes e infracción grave a principio de probidad administrativa, interpuesto por Juan Carlos Cuitiño Uribe, Fernando Binder Álvarez, Emilio Garrido Ibáñez y Yerco Rodríguez Guichapani, concejales de la Municipalidad de Puerto Montt, contra alcalde del mismo municipio, Gervoy Paredes Rojas”.
El Tribunal Electoral también indicó que el alcalde quedará suspendido de su cargo tan pronto como se le notifique esta sentencia. Además, se especifica que “una vez ejecutoriada esta, el requerido, sr. Gervoy Paredes Rojas, estará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años”.
En cuanto a las acusaciones, se detallan un total de 17 que pesan sobre el alcalde del Partido Socialista, quien asumió la alcaldía de Puerto Montt en 2012. De estas, el Tribunal Electoral Regional de Los Lagos acogió 13, las cuales están relacionadas con la “contratación de parientes, defraudación, acto de discriminación arbitrario, actuaciones irregulares y contrato fraudulento”.
Asimismo, se le imputan irregularidades en la remoción del administrador municipal, la instalación de una carpa en terreno municipal, el incumplimiento de decretos de demolición, la negativa a tramitar procesos disciplinarios y un registro de deudas (DICOM) que asciende a 498 millones de pesos en los últimos siete años.
