La Corte Internacional de Justicia (CIJ) comenzará el 12 de enero las audiencias sobre el caso que enfrenta a Gambia contra Myanmar, un proceso que busca determinar las responsabilidades legales por las acciones militares y civiles en Birmania desde 2016.
Este procedimiento judicial se inició en noviembre de 2019, cuando Gambia presentó una demanda ante la CIJ invocando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En las primeras etapas del caso, la corte emitió medidas provisionales en enero de 2020, exigiendo a Myanmar que tomara acciones para prevenir actos genocidas, asegurara que sus fuerzas de seguridad no participaran en tales prácticas y preservara la evidencia relacionada con las denuncias de violencia.
La CIJ evaluará si los hechos denunciados, que incluyen asesinatos masivos y violencia sexual, fueron perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, al grupo étnico y religioso rohingya. Gambia no solo busca establecer la responsabilidad del Estado birmano, sino también la implementación de mecanismos de reparación para las víctimas y compromisos verificables para evitar la repetición de estos actos.
La población rohingya, una minoría musulmana en el estado de Rakáin, ha enfrentado ciclos de exclusión y violencia. Las operaciones de limpieza iniciadas en 2016 intensificaron la crisis humanitaria, provocando el desplazamiento forzado de aproximadamente 750,000 personas hacia países vecinos. La situación de los rohingyas ha sido objeto de atención internacional, especialmente tras los cambios en el gobierno de Myanmar en 2017.
Este caso se considera un hito en el ámbito del derecho internacional público y la justicia transnacional. La interpretación de la CIJ sobre la Convención sobre el Genocidio y la efectividad de sus medidas cautelares podría tener repercusiones en otros litigios en la corte, como el presentado por Sudáfrica contra Israel, que aborda cuestiones legales similares sobre la protección de grupos nacionales y étnicos en contextos de conflicto.
