El Ministerio de Hacienda de Chile ha confirmado un notable aumento en los precios de las gasolinas y el diésel, con incrementos que oscilan entre $370 y $580 por litro, lo que ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político.
El diputado de Renovación Nacional, Francisco Orrego, ha calificado la situación como “grave”, argumentando que el actual gobierno ha heredado un país “sin plata”. Orrego criticó a la administración del expresidente Gabriel Boric, señalando que se gastaron todos los ahorros de los chilenos, haciendo referencia a los retiros de miles de millones de dólares del Fondo de Estabilización Económica y Social (FES) y de recursos de Corfo. “Tenemos dos opciones: mentirles a los chilenos y ocultar información, o decir la verdad y transparentar las difíciles medidas que se están adoptando”, afirmó, subrayando la urgencia de implementar medidas de mitigación para enfrentar el impacto del alza.
En una línea similar, el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs, destacó que el incremento en los combustibles representa “un tremendo golpe al bolsillo de las familias” y lo vinculó directamente a decisiones tomadas durante el gobierno anterior. Grohs enfatizó la necesidad de hablar con la verdad a la ciudadanía y propuso que reducir el IVA a los combustibles cuando superen ciertos niveles es una medida urgente y necesaria, especialmente para aliviar a la clase media y a quienes dependen de sus vehículos para trabajar.
Por su parte, el diputado del Partido Social Cristiano (PSC), Roberto Arroyo, calificó el anuncio como “una de las noticias más críticas de los últimos años en democracia”, advirtiendo que el alza impactará en el costo de la vida. Arroyo reconoció que la administración anterior dejó una situación fiscal complicada y llamó al actual gobierno a asumir la responsabilidad y avanzar rápidamente en medidas concretas que brinden “tranquilidad a la ciudadanía”.
Este aumento en los precios de los combustibles se produce en un contexto de creciente preocupación por el costo de la vida en Chile, lo que ha llevado a diversos sectores a exigir acciones inmediatas del gobierno para mitigar el impacto en la población.
