Legisladores chilenos han comenzado a exigir una mayor presencia de ministros en el Congreso para avanzar en la agenda legislativa antes del cierre del Gobierno de Gabriel Boric, que se producirá tras las elecciones presidenciales del 14 de diciembre. A medida que se acerca la fecha de la elección de un nuevo presidente o presidenta, los actuales funcionarios de La Moneda deben preparar su salida y resolver los asuntos legislativos pendientes que requieren una respuesta política de la administración actual.
En este contexto, existen al menos tres reformas significativas que cuentan con el respaldo del Gobierno: el Fondo de Estabilización Social (FES), la reforma al sistema político y un nuevo sistema de nombramiento de jueces. Además, se encuentran en discusión iniciativas relevantes como el proyecto de Sala Cuna Universal y la legislación sobre eutanasia. Sin embargo, el tiempo es limitado para el Gobierno saliente, ya que las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre y la campaña presidencial de segunda vuelta han mantenido a las fuerzas políticas ocupadas en la contingencia electoral.
Los parlamentarios han comenzado a notar la falta de participación del Ejecutivo en las instancias legislativas, como los debates en comisiones y las reuniones tradicionales que los ministros mantienen con los comités parlamentarios. Esta situación, según los legisladores, se ha intensificado especialmente antes de la tramitación del presupuesto, que fue aprobado la semana pasada, y ha continuado en medio de la campaña electoral.
El senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud del Senado, ha señalado que la ausencia de ministros en las discusiones es preocupante. “La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, no ha asistido a la comisión desde que me integro. Tampoco han estado presentes el ministro de Seguridad, Luis Cordero, ni el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. La última vez, tuvimos que votar sin la presencia del Ejecutivo, lo que es inaceptable en temas tan sensibles como la creación de sistemas de inteligencia frente al crimen organizado”, afirmó Flores.
Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS) ha reconocido que el margen de acción es limitado, pero enfatizó que “aún queda tiempo”. “No podemos estar inmovilizados en el Congreso. Es crucial que el Gobierno active los ministerios para avanzar en los desafíos legislativos”, indicó Saavedra, quien también destacó la necesidad de definir urgentemente cuáles proyectos deben ser priorizados antes de que finalice la administración.
Entre los proyectos que aún se tramitan en el Congreso se encuentran el feriado bancario, la prohibición de dispositivos celulares en colegios y la seguridad carcelaria. Sin embargo, el futuro del FES es incierto, ya que no se cuentan con los votos necesarios para su aprobación. Tras una advertencia de la Contraloría sobre el registro contable del FES, el proyecto deberá ser reestructurado, lo que complica aún más su viabilidad.
El jefe de bancada de diputados del PPD, Héctor Ulloa, ha señalado que “los proyectos emblemáticos para esta administración, como el FES, enfrentan un camino difícil. Si el Gobierno desea llegar a algún acuerdo, tendrá que ceder en aspectos relevantes de la iniciativa”. En este sentido, se ha manifestado un consenso sobre la necesidad de priorizar el proyecto de Sala Cuna, que cuenta con el apoyo de diversas fuerzas políticas y es considerado urgente por la ciudadanía.
La situación actual en el Congreso refleja la presión sobre el Gobierno para que actúe con rapidez y efectividad en la recta final de su mandato, mientras se tramitan proyectos que podrían definir su legado legislativo.
