La formalización de cientos de funcionarios públicos por el uso de licencias médicas falsas ha suscitado serias interrogantes sobre los mecanismos de control del Estado en Chile. Este caso, que involucra a diversas reparticiones gubernamentales, no solo señala responsabilidades individuales, sino que también pone de manifiesto las deficiencias en la fiscalización y validación de estos documentos.
La detección tardía de irregularidades en un sistema de gran escala ha generado dudas sobre la efectividad de los controles existentes. En este contexto, el uso de licencias médicas se ha convertido en un tema delicado, dado su volumen. Según estimaciones de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), se proyecta que en 2026 se emitirán entre 5,8 y 6,5 millones de licencias médicas en el país, lo que resalta la magnitud del sistema y el impacto que podrían tener los usos indebidos.
Desde el ámbito legal, las implicaciones de este tipo de casos pueden abarcar varios delitos, dependiendo del rol de los involucrados. Javier Ramírez, abogado consultor en análisis de jurisprudencia y legislación chilena, explica que “respecto de quienes emiten estas licencias, pueden configurarse delitos como certificación médica falsa o falsificación de instrumento público. En el caso de quienes las utilizan, se pueden configurar figuras como uso malicioso de instrumento falso o fraude al Fisco, siempre que se acredite conocimiento de la falsedad e intención de obtener un beneficio”.
Uno de los desafíos más significativos es la prueba del dolo, ya que la jurisprudencia ha establecido altos estándares probatorios. Esto ha llevado a absoluciones en algunos casos donde no se ha podido demostrar que el funcionario sabía que la licencia era falsa. Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario, señala que, a nivel administrativo, los funcionarios enfrentan procesos internos que pueden resultar en sanciones, incluyendo la apertura de un sumario administrativo que podría llevar a la suspensión del cargo o incluso a la destitución. Además, podrían iniciarse acciones para la restitución de montos y existir responsabilidad penal.
No obstante, Cárdenas aclara que no hay una destitución automática, ya que “no todos los funcionarios involucrados necesariamente han cometido una falta grave que amerite la destitución. Es importante evitar el prejuzgamiento, ya que cada caso debe analizarse en su mérito, considerando la evidencia disponible”.
El caso también resalta las diferencias en el tratamiento de los funcionarios dentro del Estado. Mientras que los funcionarios de planta o contrata enfrentan sumarios formales, los trabajadores a honorarios pueden ver su relación laboral terminada de manera más expedita. Más allá de las responsabilidades individuales, la magnitud de este caso reabre el debate sobre la capacidad del sistema para prevenir fraudes de esta naturaleza.
