La Fuerza Aérea del Perú (FAP) avanza en la adquisición de 24 aeronaves de combate tras la aprobación de dos decretos que habilitan más de 1.600 millones de soles (aproximadamente 460 millones de dólares) para el sector Defensa.
El primer decreto, firmado el 16 de febrero por el entonces presidente José Jerí, asignó 1.137 millones de soles al Ministerio de Defensa para la renovación de la flota de cazas. Un segundo decreto, publicado el 17 de marzo y suscrito por el actual presidente José María Balcázar y la ex primera ministra Denisse Miralles, autorizó una transferencia adicional de 522.353.665 soles. En total, ambas disposiciones suman 1.689.353.665 soles, lo que representa un avance significativo en el proyecto identificado con el Código Único de Inversiones (CUI) N°2573425.
Este plan de inversión tiene como objetivo reemplazar los antiguos cazas Mirage 2000P, MiG-29 y Sukhoi Su-25, que fueron incorporados en las décadas de 1980 y 1990 y que, en su mayoría, se encuentran en condiciones de inoperatividad debido a su antigüedad. El presupuesto total para la compra de los 24 nuevos cazas asciende a 3.500 millones de dólares, equivalentes a más de 12 mil millones de soles al tipo de cambio actual.
El proceso de adquisición ha sido respaldado por el Congreso de la República y ha continuado a lo largo de varias administraciones, desde la gestión de Dina Boluarte hasta la actual administración de Balcázar. Hasta el momento, no se han publicado modificaciones que alteren la cantidad de aeronaves o el monto total asignado al proyecto.
La operación financiera más significativa fue autorizada el 31 de diciembre de 2025, permitiendo un endeudamiento interno de 7.580 millones de soles mediante la emisión de bonos soberanos para cubrir parte del costo de la adquisición. Además, la reciente aprobación de la modalidad de “secreto militar” ha cambiado la forma en que se llevará a cabo la contratación, permitiendo a la FAP realizar una contratación directa con la empresa que cumpla con los requisitos técnicos, sin necesidad de un proceso competitivo abierto.
La FAP ha evaluado propuestas de tres empresas: Lockheed Martin (Estados Unidos), Dassault (Francia) y Saab (Suecia), que ofrecen los modelos F-16 Block 70, Rafale F4 y Gripen E/F, respectivamente. Según informes, las tres opciones cumplen con los estándares tecnológicos requeridos, aunque presentan diferencias en costos, plazos de entrega y capacidades de armamento. Lockheed Martin propuso 12 unidades del F-16 Block 70 por 3.420 millones de dólares, mientras que Dassault ofreció 20 Rafale F4 y la modernización de 11 Mirage 2000. Saab, por su parte, presentó una oferta de 24 Gripen E/F por 3.500 millones de dólares, ajustándose al presupuesto y a la cantidad solicitada.
El periodista de investigación Ángel Páez destacó que la propuesta de Saab es la que más se ajusta a los requerimientos de la FAP, señalando que “la propuesta de Suecia que ofrece los aviones Gripen F” es la más adecuada. También enfatizó la importancia de los programas de compensación industrial que acompañan a estas ofertas, que incluyen transferencia tecnológica y financiamiento de proyectos sociales.
La contratación bajo “secreto militar” permite a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) negociar directamente con el proveedor seleccionado, sin licitación. Este mecanismo se utiliza cuando solo una empresa puede suministrar el bien requerido. Aunque la información sobre la elección final del proveedor y los detalles contractuales no será pública de inmediato, la participación de la Contraloría General de la República en el proceso ha sido señalada como un elemento diferenciador respecto a adquisiciones anteriores.
La última vez que Perú adquirió aeronaves de combate fue entre 1997 y 1998, cuando se compraron MiG-29 y Sukhoi 25 de segunda mano a Bielorrusia. En contraste, la actual adquisición busca comprar aeronaves recién fabricadas y adaptadas a las necesidades de la FAP.
A pesar de los cambios de gobierno, el proceso de compra ha continuado sin interrupciones, y el presupuesto asignado supera los 1.689 millones de soles. La reciente aprobación del decreto de “secreto militar” implica que la información sobre el proceso de compra será limitada, lo que ha generado llamados a la transparencia en la gestión de estos fondos, que representan una inversión significativa en la defensa del país.
