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Venezuela enfrenta crisis: 1.963 presos políticos, el mayor número en el siglo XXI según Foro Penal

Foro Penal: 1.963 presos políticos en Venezuela
Foro Penal: 1.963 presos políticos en Venezuela

En Venezuela, se reporta un total de 1.963 presos políticos, según el último balance de la organización no gubernamental Foro Penal, publicado este domingo. Este número representa un incremento de cinco detenidos en comparación con el conteo de la semana anterior. La ONG especificó que de los 1.963 presos políticos, 1.836 fueron arrestados tras el fraude electoral del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró al dictador Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales sin presentar las actas correspondientes.

Detenidos y condiciones de los presos

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el presidente de la ONG, Alfredo Romero, entre los detenidos hay 69 menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Además, se detalla que 1.720 de los presos son hombres y 243 son mujeres. En cuanto a la clasificación de los detenidos, 1.801 son civiles y 162 son militares. La organización también afirma que se está registrando “el mayor número de presos políticos conocido en Venezuela, al menos desde el siglo XXI”.

Asimismo, se aclara que en el país todavía hay alrededor de 9.000 personas que permanecen “sujetas a medidas restrictivas de su libertad” de manera arbitraria.

Vigilia y demandas de libertad

El pasado viernes, familiares de los presos políticos llevaron a cabo una vigilia de oración cerca de la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, donde exigieron “libertad plena”, según informó el Comité de Libertad para los Presos Políticos. Esta actividad, que comenzó el jueves, culminó con una caminata frente al penal, donde se encuentran recluidos aproximadamente 900 presos en el contexto postelectoral.

La líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad debido a la persecución del régimen chavista, expresó el sábado su compromiso con la libertad de “más de 3.500 políticos en América Latina”. En sus declaraciones, afirmó que confía en que “también será libre” y añadió: “A cada uno de sus familiares, les reitero que descansaremos hasta que todos sean liberados”. Machado también mencionó que se siente “profundamente honrada” de recibir el premio ‘ODCA Derechos Humanos’, otorgado por Libre, en reconocimiento a su “incansable lucha por la democracia y la dignidad”.

Protestas en calabozos policiales

En otro contexto, un grupo de reclusos en 193 calabozos policiales en Lara, al oeste del país, levantó una huelga el pasado lunes en protesta por el “hacinamiento” y el “retardo procesal”, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Este organismo señaló que, ante la situación, menos de 30 reclusos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron trasladados a un centro penitenciario en Carabobo, mientras que a otros se les prometió revisar sus expedientes y atender sus casos en los tribunales.

El director del CICPC, Douglas Rico, instó al ministro de Servicio Penitenciario, Julio García, a solicitar cupos en las cárceles para los reclusos de cada calabozo policial, de modo que puedan “participar en actividades deportivas y culturales” y así “redimir sus penas”.

El OVP recordó que el CICPC fue creado para la investigación criminal y que sus funcionarios están formados para cuidar a los presos. “Resulta inadmisible que estén abarrotados bajo custodia policial, limitando sus funciones”, agregó el OVP.

El director del observatorio, Humberto Prado, declaró recientemente a la agencia EFE que se estima que hay unos 23.000 reclusos en calabozos policiales, de los cuales alrededor del 85% enfrenta retardo procesal. Esto se debe, según Prado, a la “falta de algunas partes del juicio, la falta de presentación de testigos” y otros factores que complican el proceso judicial. Según el OVP, la huelga fue iniciada como una “medida extrema” que refleja la “desesperación ante las condiciones carcelarias inhumanas” y busca ejercer presión sobre las autoridades para que respondan a las demandas de los reclusos.

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