La Fiscalía Nacional Económica presenta un requerimiento que podría afectar gravemente la operación de Enjoy y otros casinos, en medio de un contexto financiero crítico para la empresa.
El requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha sido calificado por expertos y miembros de la industria como el mayor golpe al sistema de casinos de juego desde su establecimiento en 2005. Este requerimiento involucra a las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol, que son los principales operadores del sector, así como a cinco altos directivos de estas compañías. La FNE ha acusado a estas empresas de haber participado en una colusión que facilitó la renovación de permisos por un periodo de 15 años, utilizando ofertas económicas que estaban significativamente por debajo de lo que un proceso competitivo habría garantizado.
La denuncia ha generado un gran impacto en el ámbito empresarial y entre las autoridades, dado que las tres empresas mencionadas concentraron el 90% de los ingresos de la industria entre 2017 y 2023. En este contexto, la FNE ha solicitado al TDLC que imponga multas que ascienden a un total de 151,9 millones de dólares, lo que representaría las sanciones más elevadas registradas en un requerimiento por colusión. Además, se ha solicitado que se ponga fin a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación de 2020 y 2021, limitando su vigencia hasta que se realice un nuevo concurso.
Los casinos implicados en esta denuncia incluyen aquellos ubicados en San Francisco de Mostazal, Temuco, Valdivia y Punta Arenas, operados por Dreams; así como los de Talcahuano, Calama y Osorno, que son parte de Marina del Sol. Enjoy opera en centros de Antofagasta, San Antonio, Rinconada de Los Andes y Los Ángeles. De acuerdo con la evaluación de expertos, Enjoy es la empresa que se encuentra en una situación más vulnerable ante las acciones de la FNE. La compañía ha estado lidiando con una complicada reestructuración financiera, enfrentando pasivos que superan los 350 millones de dólares y una deuda contingente cercana a los 200 millones de dólares.
El 7 de agosto, tras dos aplazamientos, la junta de acreedores aprobó un acuerdo que fue ratificado por el 8º Juzgado Civil de Santiago el 22 de agosto. Este acuerdo implica la creación de tres nuevas sociedades: NewCo 1, que está controlada por los acreedores del Bono Internacional y que incluye activos en Punta del Este, Coquimbo y Pucón; NewCo 2, que abarca las operaciones de Coquimbo y Pucón, así como las unidades de Viña del Mar, Rinconada, Antofagasta y Chiloé; y NewCo 3, que incluye activos en San Antonio y Los Ángeles. La primera de estas sociedades tiene un mandato claro de venta, mientras que el futuro de las otras dos dependerá de lo que decidan los acreedores sobre los procesos de venta.
Expertos en reestructuración han señalado que el avance del requerimiento de la FNE podría obstaculizar el proceso de reorganización de Enjoy. Cuatro de los casinos involucrados, específicamente Antofagasta, San Antonio, Rinconada de Los Andes y Los Ángeles, tienen sus licitaciones impugnadas y corren el riesgo de perder sus licencias. Un experto en el área ha indicado que si la sanción se mantiene y se anulan las licitaciones que permitieron la operación de esos casinos, Enjoy no podrá generar los ingresos esperados, lo que complicaría su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
En cuanto a las multas solicitadas, la FNE ha propuesto que Dreams reciba la sanción más alta, que asciende a 112,4 millones de dólares. Enjoy, por su parte, enfrenta una multa de aproximadamente 36,8 millones de dólares, que podría tener un impacto significativo en su ya frágil situación financiera. Un ejecutivo del sector ha advertido que esta sanción podría ser insostenible para Enjoy, lo que podría llevar a la empresa a la quiebra.
Los expertos han debatido sobre el momento en que debería hacerse efectivo el pago de la multa en el contexto de la reorganización. Algunos sostienen que si los hechos que dieron lugar a la infracción ocurrieron antes del inicio del proceso de reorganización, el pago de la multa debería alinearse con el calendario de pago de las deudas originales de la compañía. Otros, sin embargo, argumentan que se trataría de una deuda no reorganizable que debería cobrarse de inmediato.
A pesar de que el proceso judicial apenas comienza y podría extenderse entre tres y cuatro años en el TDLC y la Corte Suprema, las sanciones solicitadas por la FNE ya están generando un impacto considerable en Enjoy. La empresa emitió un comunicado en el que lamenta y rechaza las acusaciones de colusión, afirmando que ha actuado conforme a la legislación y que siempre ha respetado los principios de libre competencia.
En el contexto de la situación financiera de Enjoy, que ha estado marcada por pérdidas continuas desde 2018, la acusación de la FNE se produce en un momento crítico. La compañía ha acumulado pérdidas que superan los 420.316 millones de pesos hasta finales de 2023, y su situación se ha visto agravada por los cierres temporales durante la pandemia y las restricciones posteriores. Aunque los ingresos consolidados han mostrado un aumento del 6% en el último trimestre, su EBITDA sigue siendo negativo y significativamente inferior al de sus competidores.
Los analistas han señalado que los altos costos de las licencias son un obstáculo importante para la mejora de los resultados de Enjoy, y que la reestructuración llevada a cabo entre 2020 y 2022 no resolvió completamente su viabilidad financiera. La acusación de la FNE ha intensificado la inestabilidad económica de Enjoy, y el impacto de la multa y la posible pérdida de licencias se ha reflejado en la bolsa, donde las acciones de la compañía cayeron un 10%.
