La Fiscalía Regional de Los Lagos ha iniciado un sumario administrativo contra tres funcionarios del Ministerio Público de Osorno, con el fin de investigar posibles incumplimientos de protocolos en relación con un caso de torturas que involucra a un exfuncionario del Hospital de Osorno. Este procedimiento se centra en la recepción de la denuncia y el manejo de las evidencias, dado que existen discrepancias entre las declaraciones de la dirección del hospital y la Fiscalía sobre las fechas de presentación de la denuncia y el conocimiento de los videos probatorios relacionados con el caso.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público ha declarado que “en base a resultados obtenidos hasta el momento, la Fiscalía Regional ha instruido el inicio de un sumario administrativo respecto de tres funcionarios de la Fiscalía Local de Osorno”. Este sumario tiene como objetivo esclarecer posibles incumplimientos de los protocolos institucionales en lo que respecta a la recepción de la denuncia y el manejo de la evidencia.
El organismo ha indicado que el procedimiento administrativo se origina a partir de hechos ocurridos en mayo de 2024, cuando el Hospital de Osorno presentó una denuncia por tratos degradantes que habrían afectado a un funcionario del recinto. Según la información disponible, un dispositivo de almacenamiento digital que fue entregado como evidencia no habría sido ingresado ni resguardado de acuerdo con los protocolos establecidos por el Ministerio Público. Esta situación ha impedido que los fiscales tuvieran conocimiento oportuno sobre el ingreso del dispositivo.
La Fiscalía ha aclarado que el sumario administrativo “no afecta ni altera el curso de la causa penal, en la cual el pasado 5 de septiembre se formalizó a cuatro imputados por el delito de tortura”, de los cuales dos se encuentran en prisión preventiva y otros dos bajo arresto domiciliario total.
En otro aspecto relacionado con el caso, el comunicado también menciona que la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, ha designado a la fiscal jefa de Río Negro, Ana María Díaz, como fiscal preferente para continuar liderando las diligencias investigativas de la causa. Esta designación tiene como finalidad agilizar las indagatorias restantes y fortalecer las que ya han sido desarrolladas por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de lograr una pronta resolución judicial.
