La senadora Fabiola Campillai ha presentado una moción para modificar la Ley Nº 18.831 sobre el Estatuto Administrativo y la Ley N° 18.883, que regula el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, con el fin de limitar la duración de la suspensión preventiva de funcionarios involucrados en sumarios administrativos a un máximo de 60 días. Actualmente, el proceso puede extenderse más allá de este plazo, afectando la estabilidad laboral de los funcionarios y el uso eficiente de los recursos públicos.
La senadora argumenta que, a pesar de que existe un plazo legal para la investigación sumarial, en la práctica, estas indagaciones pueden durar más de un año, e incluso superar los cuatro años, lo que resulta en que los funcionarios permanezcan suspendidos de sus funciones, pero continúen recibiendo su remuneración completa durante todo ese tiempo.
Campillai sostiene que esta situación no solo vulnera el derecho a la presunción de inocencia de los funcionarios, sino que también impacta negativamente en la eficiencia del funcionamiento de los servicios públicos. La moción enfatiza que el objetivo del sumario es esclarecer los hechos de manera diligente, y no prolongar la suspensión de manera injustificada, que podría interpretarse como una sanción encubierta.
Además de limitar la duración de la suspensión, el proyecto de ley propone establecer consecuencias disciplinarias para los fiscales instructores o autoridades que no cumplan con los plazos establecidos, reforzando así el deber de celeridad en la tramitación de los procedimientos administrativos.
La senadora Campillai destaca que la prolongación injustificada de los sumarios no solo genera un desgaste institucional, sino que también afecta al erario público, ya que los funcionarios suspendidos continúan recibiendo su salario sin desempeñar funciones.
La reforma busca equilibrar la necesidad de investigar posibles infracciones administrativas con la protección de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el debido proceso. Asimismo, se propone un control más riguroso sobre la actuación de los fiscales y jefaturas, quienes actualmente tienen amplios márgenes de discrecionalidad para extender plazos sin mecanismos de corrección adecuados.
El proyecto de ley, que ha completado su primer trámite constitucional, ha sido enviado a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado para su análisis y posterior informe a la Sala.
