Una jueza de distrito en Estados Unidos ha emitido una orden que suspende la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Sudán del Sur, postergando así la expiración de sus beneficios migratorios, que estaba prevista para la primera semana de enero.
La decisión judicial responde a una solicitud de emergencia presentada por ciudadanos sudaneses y organizaciones civiles, quienes argumentaron que la revocación del TPS podría tener consecuencias devastadoras, como la pérdida de permisos de trabajo y la posibilidad de ser deportados antes de que se resuelva el litigio en curso. La jueza enfatizó que permitir que la medida del gobierno entrara en vigor sin una revisión adecuada podría resultar en “consecuencias inmediatas e irreversibles” para los beneficiarios.
La controversia se originó tras la determinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que Sudán del Sur ya no cumplía con los criterios de conflicto armado o desastre que justifican la designación del TPS. En respuesta, la demanda sostiene que esta decisión administrativa violó el estatuto federal que regula el programa y sugiere que pudo haber sido influenciada por motivos discriminatorios, lo que contraviene las garantías de protección igualitaria establecidas en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Desde el DHS, se defendió la autoridad del presidente para gestionar las políticas migratorias y los programas humanitarios, argumentando que el fallo judicial ignora la competencia estatutaria vigente. La administración subrayó que el TPS fue diseñado como una medida temporal y que su extensión no debe ser interpretada como un camino hacia el asilo permanente para los extranjeros en el país.
Desde su independencia en 2011, Sudán del Sur ha estado bajo la designación de protección humanitaria, beneficiando a cerca de trescientas personas que han buscado refugio en Estados Unidos debido a la inestabilidad en su país. Actualmente, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene recomendaciones de no viajar a Sudán del Sur debido a la continua crisis humanitaria, un factor que los tribunales deberán considerar al evaluar la legalidad de la terminación del TPS.
