Un petrolero venezolano fue trasladado a un puerto estadounidense para inspeccionar su cargamento de crudo, en el marco de la campaña militar de la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe frente a Venezuela.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el buque, conocido como Skipper, fue incautado el miércoles por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos con el contrabando de petróleo iraní, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano. Leavitt indicó que “el buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo”, subrayando que se seguirá un proceso legal para llevar a cabo dicha incautación.
La operación fue ejecutada en colaboración con el Departamento de Justicia, el Departamento de Guerra y la Guardia Costera de Estados Unidos, y se llevó a cabo con un despliegue significativo de fuerzas, incluyendo efectivos armados que abordaron el buque desde helicópteros y lanchas rápidas.
El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, denunció que los tripulantes del Skipper están “desaparecidos” y calificó la acción de “piratería criminal”, anunciando su intención de llevar el caso a instancias internacionales. Según Leavitt, el petrolero está en un “proceso de decomiso” y un equipo de investigación estadounidense está interrogando a la tripulación. Maduro también afirmó que el buque transportaba aproximadamente 1.900.000 barriles de petróleo y acusó a Estados Unidos de intentar “robar” el crudo venezolano.
El Skipper navegaba bajo una bandera de Guyana, país que ha apoyado el despliegue militar estadounidense en la región y que mantiene una disputa territorial con Venezuela sobre la región del Esequibo. La incautación del petrolero coincidió con el anuncio de un acuerdo entre Guyana y Estados Unidos para fortalecer la cooperación militar. Las autoridades marítimas de Guyana confirmaron que el Skipper no está registrado en su país y denunciaron el uso no autorizado de su bandera como “inaceptable”.
El Gobierno colombiano, bajo la administración de Gustavo Petro, también rechazó la incautación, afirmando que no tendría razones para negar una posible solicitud de asilo de Maduro si este dejara el poder. Antes de esta declaración, Trump había señalado a Petro como un posible objetivo de su presión militar, sugiriendo que podría expandir las operaciones a tierra en Venezuela.
Cuba, a través de su mandatario Miguel Díaz-Canel, condenó la incautación, calificándola de “piratería” y una violación del Derecho Internacional, además de ser una escalada en la agresión contra Venezuela.
En un contexto más amplio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso nuevas sanciones a familiares de Maduro, incluyendo a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, todos relacionados con la esposa de Maduro, Cilia Flores. Estas sanciones forman parte de una serie de medidas que afectan al sector petrolero venezolano, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, así como el bloqueo de seis buques. Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, fueron arrestados en Haití en 2015 por narcotráfico y condenados en Estados Unidos en 2016.
Trump, en su última aparición pública, afirmó que su campaña de presión frente a las costas venezolanas “se trata de muchas cosas” y advirtió que “cualquiera que se involucre en eso ahora mismo no le va a ir bien”, reiterando que las operaciones “en tierra” contra grupos vinculados al narcotráfico están en marcha.
