El Gobierno de Perú ha declarado un estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia Constitucional del Callao, permitiendo el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional de Perú. Esta decisión fue anunciada por el primer ministro Gustavo Adrianzén tras una ola de violencia que ha afectado al país. La medida se tomó después de que la presidenta Dina Boluarte se reuniera con sus ministros para abordar la situación de seguridad en el país.
Anuncio del estado de emergencia
El primer ministro Gustavo Adrianzén comunicó a través de su cuenta en la red social X que “tras reunión sostenida en Palacio de Gobierno, se ha dispuesto que en las próximas horas se decrete el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao, con el despliegue de tropas de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional”. Esta medida se considera necesaria debido a la creciente violencia en el país.
Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
Adrianzén también mencionó que, como parte de la respuesta a la emergencia, se ha convocado una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) para el martes. Esta reunión reunirá a las principales autoridades de los poderes del Estado peruano, con el objetivo de coordinar acciones para mejorar la seguridad en el país.
Reforma del sistema penitenciario
En su declaración, el primer ministro se refirió a la necesidad de una reforma integral del sistema penitenciario de Perú, afirmando que “en la lucha contra el crimen organizado, todos los peruanos debemos de mantenernos unidos, superando todas nuestras diferencias sean de cualquier índole”. Esta afirmación subraya la importancia de una respuesta unificada ante la crisis de seguridad.
Contexto de la violencia
La ola de violencia que ha llevado a la declaración del estado de emergencia se intensificó tras el asesinato del cantante de la popular banda de cumbia Armonía 10, Paul Flores, quien fue atacado a disparos por sicarios en motocicletas en una autopista. Representantes de la agrupación musical han indicado que, junto a otras bandas, han estado recibiendo amenazas de bandas criminales que les exigen pagos para garantizar su seguridad. Según reportes de medios locales, se les habría exigido una suma de 20 mil soles (aproximadamente 5 mil dólares) a cambio de su protección.
Desestabilización política
El anuncio del estado de emergencia se produjo en un contexto de creciente presión política, ya que partidos de diversas tendencias han exigido la renuncia o destitución del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La congresista opositora Susel Paredes había declarado que contaba con las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra el ministro. Las demandas de destitución han sido respaldadas por partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, lo que ha dejado a Santiváñez en una posición vulnerable, a pesar de haber contado con el apoyo de la presidenta Dina Boluarte y de algunos partidos opositores, en medio de las críticas por la situación del crimen organizado en el país.
