El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reafirmado su intención de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, argumentando que la cláusula de la Enmienda 14 de la Constitución no se aplica a los hijos de inmigrantes indocumentados o a personas con visas temporales. Esta propuesta enfrenta numerosos desafíos legales y podría afectar a cientos de miles de nacimientos cada año en el país, a pesar de que la ciudadanía en EE.UU. está garantizada por la Constitución, ratificada en 1868. Según el fallo de la Corte Suprema en el caso United States v. Wong Kim Ark de 1898, cualquier persona nacida en el territorio estadounidense es considerada ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Sin embargo, Trump sostiene que la interpretación actual de la enmienda es errónea y busca modificarla mediante una orden ejecutiva, lo que ha generado oposición entre legisladores y organizaciones de derechos civiles.
Varios estados han presentado demandas contra esta medida, argumentando que el presidente no tiene la autoridad para cambiar la Constitución. Actualmente, el caso ha llegado a los tribunales, donde se evaluará si un presidente puede realizar modificaciones a través de una orden ejecutiva. Mientras tanto, la propuesta ha generado incertidumbre entre las familias y ha avivado el debate sobre el futuro de la política migratoria en EE.UU.
Según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), se estima que entre 2013 y 2024, un promedio de 860,000 bebés nacieron de madres extranjeras en EE.UU. Aunque la tasa general de nacimientos en el país ha disminuido en la última década, la caída ha sido más pronunciada entre los nacidos de madres extranjeras. Además, el Instituto de Política Migratoria reportó en 2023 que el 86% de los niños menores de 18 años habían nacido en el país. Un informe de la Oficina del Censo muestra que en 2023 había aproximadamente 22.9 millones de ciudadanos naturalizados, quienes son residentes permanentes o titulares de visas temporales, así como migrantes indocumentados. Este grupo representa cerca del 7% de la población del país, y la mitad proviene de América Latina. Expertos en demografía advierten que la eliminación de la ciudadanía por nacimiento podría afectar el crecimiento a largo plazo y la estructura socioeconómica de varias comunidades.
La propuesta también ha sido criticada por varios líderes demócratas, quienes argumentan que la medida afectaría a 150,000 padres que tienen documentos legales. Documentos judiciales sugieren que la restricción del acceso a programas financiados por el gobierno, como la educación pública y la atención médica, limitaría la participación de estas familias en actividades económicas y cívicas. Un informe señala que negar la ciudadanía a los nacidos en EE.UU. podría tener consecuencias negativas en el acceso a servicios de salud y bienestar infantil. Organizaciones médicas han advertido que la reducción de servicios públicos podría incrementar los índices de pobreza y afectar el desarrollo de la niñez en sectores de bajos recursos.
Grupos civiles han señalado que, si se aplica esta medida, muchos niños podrían quedar en una situación de apatridia, ya que sus países de origen les otorgan automáticamente la nacionalidad. Esto generaría dificultades legales y administrativas para las familias, especialmente en el caso de algunos consulados, como el de Venezuela, que han estado cerrados durante años, complicando la documentación de los recién nacidos, según declaraciones de ciudadanos venezolanos. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas establece que todos deben tener una nacionalidad, y la revocación de la ciudadanía por nacimiento complicaría el acceso a derechos básicos.
El argumento legal de Trump se basa en la frase “sujeto a la jurisdicción” dentro de la Enmienda 14. Su administración ha señalado que aquellos que no cumplen con este requisito no deberían recibir la ciudadanía automáticamente. Históricamente, ha existido una consistencia en otorgar la ciudadanía a quienes nacen en EE.UU., independientemente del estatus migratorio de sus padres. Analistas jurídicos del New York Times explican que este concepto, a través de una orden ejecutiva, contradeciría fallos previos y podría dar lugar a disputas prolongadas. En el pasado, intentos similares han fracasado debido a la jurisprudencia existente.
En la actualidad, el caso deberá ser analizado por la Corte Suprema, que ha bloqueado temporalmente la medida en los tribunales inferiores. Sin embargo, el gobierno ha presentado apelaciones de emergencia, argumentando que estas cortes han excedido su autoridad. Expertos advierten que, si se aprueba el decreto, sentaría un precedente que permitiría futuras modificaciones fundamentales sin pasar por el proceso legislativo. La American Civil Liberties Union (ACLU) ha indicado que cualquier cambio requeriría una reforma constitucional, lo que implicaría un proceso legislativo complejo a largo plazo. Este impacto no solo tendría implicaciones legales, sino también demográficas. La Fundación Annie E. Casey, una organización que estudia tendencias demográficas, ha señalado que la composición de la fuerza laboral es un componente significativo en el análisis de la demografía, de acuerdo con información de CNN. El Pew Research Center ha destacado que la inmigración ha sido un factor clave en la dinámica activa del país durante las últimas décadas, afectando el número de jóvenes que ingresan al mercado laboral y la estabilidad del futuro económico.
La implementación de esta propuesta genera preocupaciones entre hospitales y agencias gubernamentales. La doctora Mónica, una inmigrante venezolana con Estatus de Protección Temporal, ha expresado su preocupación sobre si su hijo será ciudadano estadounidense. En sus declaraciones, ha manifestado la falta de claridad sobre la aplicación del decreto, lo que genera inquietud entre la comunidad inmigrante.
