La isla caribeña de Dominica ha enfrentado desafíos significativos desde que el huracán María devastó su territorio hace siete años, dejando a la nación sin electricidad, con un suministro de agua interrumpido durante meses y con sus comunicaciones paralizadas. En respuesta a esta crisis, el gobierno dominicano recurrió a una estrategia previamente utilizada: la venta de ciudadanías a extranjeros a cambio de inversiones.
Programa de Ciudadanía por Inversión
El Programa de Ciudadanía por Inversión, que fue implementado en 1993, se convirtió en una fuente crucial de financiamiento para la reconstrucción de la isla tras el desastre. Según un informe del Proyecto de Denuncia de Delitos Organizados y Corrupción (OCCRP), este esquema generó más de 1.200 millones de dólares entre 2017 y 2020, lo que representa una parte significativa del PIB del país.
Modalidades de obtención de la ciudadanía
Actualmente, existen dos formas de obtener la nacionalidad a través de este programa. Los nuevos ciudadanos pueden desarrollar negocios en la isla, lo que les permite acceder con mayor facilidad al sistema financiero internacional. Además, obtienen la ventaja de poder ingresar a países como Estados Unidos y la Unión Europea sin necesidad de visa.
Dependencia del programa y críticas
Sin embargo, la investigadora Kristin Surak, profesora de la London School of Economics, ha señalado que Dominica ha llegado a depender cada vez más de este programa, y no está claro si todo el dinero recaudado realmente se destina al desarrollo del país. A pesar de los beneficios económicos que el programa puede ofrecer, ha sido objeto de críticas internacionales, especialmente en relación con preocupaciones sobre seguridad y lavado de dinero.
Defensa del gobierno dominicano
El primer ministro Roosevelt Skerrit ha defendido el programa, argumentando que se han reforzado los controles y que se excluyen automáticamente a los solicitantes con antecedentes penales, aquellos que han mentido en sus postulaciones o quienes han sido rechazados en otras solicitudes de ciudadanía o visa. Además, se han impuesto restricciones adicionales para ciudadanos de países como Bielorrusia, Irán, Rusia, Corea del Norte y Sudán, entre otros.
Skerrit ha enfatizado que el país no puede ser responsabilizado por crímenes cometidos por ciudadanos luego de obtener su nacionalidad, afirmando: “Si alguien se convierte en ciudadano hoy y mañana comete un delito, no se puede culpar al programa por eso.” A pesar de estos esfuerzos, Dominica sigue siendo uno de los países más dependientes del comercio de ciudadanía, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de su modelo económico.
Desigualdades y dilemas éticos
Más allá del debate sobre seguridad, la académica Kristin Surak plantea que la venta de ciudadanías evidencia profundas desigualdades en el acceso a la movilidad global. Ella menciona: “El lugar donde naces no lo eliges, pero la riqueza sí permite comprar un pasaporte. También muestra la desigualdad entre los pequeños países y las grandes potencias, que tienen más recursos y opciones.” Con su economía cada vez más atada a este sistema, Dominica enfrenta el desafío de equilibrar su desarrollo económico con los riesgos que implica vender la nacionalidad al mejor postor.
