A inicios de noviembre de 2023, la Dirección del Trabajo (DT) estableció una comisión con el objetivo de reflexionar sobre la labor y la misión histórica de la institución. Esta comisión fue presidida por Juan Somavía, exdirector general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Laura Vásquez, subdirectora del Trabajo. Además, la comisión incluyó a exautoridades del servicio y otros actores relevantes del mercado laboral. El trabajo de esta comisión culminó en 2024 con la elaboración del Informe del Centenario de la Dirección del Trabajo, un documento que presenta diversas propuestas orientadas a mejorar el desempeño y el rol del organismo fiscalizador.
Composición de la comisión y objetivos
La comisión estuvo integrada por exdirectores y exdirectoras del Trabajo, incluyendo a Patricia Silva, Marcelo Albornoz, Cecilia Sánchez, Christian Melis, Mauricio Peñaloza y Lilia Jerez. El informe resultante de su trabajo propone una serie de medidas, destacando la necesidad de incorporar el uso de inteligencia artificial (IA) y realizar modificaciones en las sanciones laborales, entre otros aspectos.
Propuestas sobre sanciones laborales
El informe establece que las sanciones son un componente central en el sistema de inspección laboral, ya que su efectividad es crucial para la credibilidad del sistema, cuyo objetivo es garantizar la aplicación de la normativa. Sin embargo, la comisión señala que las transformaciones en el mundo laboral han limitado el efecto disuasivo de las sanciones, especialmente las pecuniarias, que en muchos casos no logran modificar el comportamiento de las empresas, particularmente las de mayor tamaño.
Por esta razón, el grupo propone revisar la normativa de sanciones generales, sugiriendo que se incorporen elementos que sean proporcionales a la gravedad de las infracciones, al número de trabajadores involucrados, a la severidad del daño causado y a un nuevo sistema de clasificación de empresas que se ajuste a la realidad actual. Además, se plantea otorgar a la DT la facultad de remitir directamente al Poder Judicial los casos graves o de incumplimiento persistente, como una herramienta adicional para fortalecer la eficacia del sistema sancionador.
Uso de inteligencia artificial en la inspección laboral
El informe menciona que “la IA ofrece oportunidades únicas para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y predecir posibles incumplimientos, mejorando así la eficacia y eficiencia de las inspecciones laborales“. En este contexto, se destaca que un número creciente de países, como Brasil, Albania y España, ha comenzado a incorporar la inteligencia artificial en sus sistemas de inspección laboral.
Limitaciones en la aplicación de la normativa laboral
A pesar de los esfuerzos realizados por diversas administraciones para aplicar la normativa y mejorar la calidad del empleo, el informe indica que “esto no ha sido posible por la limitación de competencias“. Para que las normas laborales sean efectivas, es necesario que sean imperativas y que exista la posibilidad real de fiscalizarlas. De lo contrario, se convierten en simples mandatos morales, disponibles solo para quienes tienen el poder de decisión. El texto subraya que es indispensable que “la legislación reconozca de manera expresa la facultad de la Dirección del Trabajo para declarar la relación laboral cuando exista informalidad, subterfugios laborales, triangulaciones, entre otros“. Esta decisión estará siempre sujeta a la revisión de los tribunales de justicia.
Desafíos por nuevas legislaciones laborales
La comisión también aborda las recientes legislaciones laborales que han incrementado la carga de trabajo para el servicio. Estos cambios, según el grupo, requieren una mayor formación y un despliegue operativo más amplio. Sin embargo, advierten que estas nuevas normas no siempre vienen acompañadas de un presupuesto adecuado, tecnología o capacidad humana, lo que ha resultado en una sobrecarga de trabajo que afecta la capacidad de abordar de manera óptima las nuevas y diversas leyes.
Para asegurar que los órganos inspectivos cuenten con los recursos necesarios para operar de manera efectiva, el grupo propone que se introduzca, como buena práctica legislativa laboral, un elemento presupuestario que permita discutir específicamente el impacto en la carga de los funcionarios y qué refuerzos deberían implementarse para lograr la efectiva vigencia de las nuevas leyes.
Apoyo a micro y pequeñas empresas
Otro aspecto que se aborda en el informe es la necesidad de continuar potenciando el apoyo del servicio a las micro y pequeñas empresas. Se propone que la DT implemente mecanismos para la celebración de contratos 100% digitales, lo que permitiría gestionar también los anexos posteriores. Esta iniciativa tendría dos ventajas: en primer lugar, al contar con una herramienta útil para formalizar de manera rápida y expedita, se incluirían todos los elementos mínimos que debería contener un contrato de trabajo. En segundo lugar, para la DT, esto podría implicar la obtención de un volumen significativo de información actualizada, lo que impulsaría el conocimiento de un segmento que presenta importantes brechas en el actual Registro Electrónico Laboral.
