La Cámara Alta de Chile ha iniciado el análisis de la acusación constitucional (AC) contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue Limare, quien se encuentra suspendido de su cargo. La sesión, que tuvo lugar esta mañana, contó con la presencia del magistrado y su defensa, y se centró en los detalles de la acusación, que se fundamenta en tres capítulos relacionados con el notable abandono de deberes del juez.
El Secretario General del Senado, Raúl Guzmán, presentó el libelo acusatorio, que sostiene que Simpertigue ha vulnerado obligaciones esenciales como la probidad, imparcialidad, independencia y transparencia. Guzmán destacó que existen “antecedentes suficientes” que indican que el ministro ha desarrollado conductas incompatibles con los estándares requeridos por la Constitución para los miembros de la Corte Suprema. La acusación también menciona una crisis de confianza en el poder judicial, señalando “vínculos impropios entre ministros de tribunales superiores de justicia y abogados litigantes” en casos de gran relevancia económica, lo que afecta la percepción ciudadana sobre la igualdad ante la ley y la independencia judicial.
Los tres capítulos de la acusación son los siguientes:
1. **Falta de probidad en el caso Belaz Movitec**: Se argumenta que Simpertigue intervino en decisiones que favorecieron al consorcio bielorruso Belaz Movitec, por montos superiores a $11 mil millones, mientras mantenía vínculos personales con abogados de la parte demandante, quienes están actualmente imputados por delitos de cohecho y lavado de activos en el contexto del Caso Audios.
2. **Conflictos de interés en nombramientos notariales**: Se le acusa de permitir que un hijastro fuera designado como notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción, mientras él supervisaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel.
3. **Infracción de deberes en el caso Fundamenta**: Se le imputa haber participado en la resolución de un proyecto que favoreció a Inmobiliaria Fundamenta, y posteriormente haber realizado un crucero con los abogados involucrados en el caso.
Durante la sesión, el diputado Jorge Rathgeb enfatizó que la acusación no busca atacar al Poder Judicial, sino reivindicar a los funcionarios que trabajan para mantener un sistema judicial justo. Por su parte, la diputada Carolina Tello subrayó que la credibilidad del sistema de justicia está en juego, y que la omisión de inhabilitarse en el caso Belaz Movitec afecta la imparcialidad judicial.
El abogado de Simpertigue, Juan Carlos Manríquez, inició la defensa argumentando que hubo problemas procedimentales en la acusación y que el ministro no ha sido cuestionado por los tribunales. Manríquez también defendió la inocencia de Simpertigue, señalando que las acusaciones se basan en confusiones y en notas de prensa, y que no hay pruebas de que el ministro haya intervenido en las resoluciones de los casos mencionados.
Simpertigue, por su parte, se defendió expresando su deseo de que se le trate con justicia, afirmando que ha actuado de buena fe a lo largo de su carrera judicial. La sesión continuó con réplicas de los diputados acusadores y una nueva intervención del abogado Manríquez, quien insistió en los vicios procesales de la acusación.
La acusación constitucional contra el ministro Simpertigue se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la independencia y la integridad del sistema judicial en Chile, lo que ha llevado a un debate intenso sobre la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
