El Tribunal Supremo de RD determinó de forma unánime la expulsión de Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva, y del ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.
Ambos están involucrados en los casos de convenios aparentemente fraudulentos que también ha salpicado a la diputada Catalina Pérez, militante de Revolución Democrática.
En un comunicado, el partido fundador del Frente Amplio informó que continuará “poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el Tribunal Supremo, para que tome las decisiones que considere pertinentes”.
Además, aseguraron que su compromiso es “actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la fe pública”.
RD agradeció en el escrito el trabajo de los miembros del Tribunal Supremo ante el escándalo que ha provocado la fundación Democracia Viva. “Han actuado con celeridad, dando cumplimientos a nuestra normativa interna y garantizando el debido proceso; resguardando nuestro proyecto y sus principios”, dice al respecto el comunicado.
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En la víspera, Andrade renunció a Revolución Democrática de forma anticipada, debido a la decisión inminente del órgano. Además, esta misma jornada se conoció que solicitó el “término anticipado” de los convenios al Minvu y se ofreció a detallar las actividades realizadas, rendir cuentas de los avances y poner a disposición el dinero no utilizado.
Los antecedentes que acusan a Democracia Viva, fundación ligada a RD
Democracia Viva se encuentra bajo investigación después de firmar tres contratos con la Secretaría Regional de Vivienda (Seremi) de Antofagasta, los cuales quedaron registrados por un total de $426 millones.
El principal señalado en este caso es Daniel Andrade, quien actúa como representante legal de la fundación y es ex pareja de la diputada Catalina Pérez, de Revolución Democrática.
La controversia se inició cuando la fundación obtuvo sus primeros dos contratos, por 200 y 170 millones de pesos, respectivamente, con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Cabe destacar que esto ocurrió tan solo ocho meses después de la obtención de su personalidad jurídica.
Además, hay antecedentes adicionales que se suman a estas acusaciones de corrupción. En diciembre del año pasado, la fundación obtuvo un tercer contrato por un monto de 56 millones de pesos.
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Ese contrato se registró mediante transferencias únicas en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, y los pagos fueron aprobados por el ex seremi Carlos Contreras, quien trabajó junto a la diputada Pérez en 2020.
Por otro lado, se han revelado conexiones entre Pérez y varios individuos ocupando cargos importantes en organismos públicos de Antofagasta, muchos de los cuales fueron sus asesores o propuestos por ella para diversas posiciones. Uno de ellos es el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.
El Presidente Boric se refirió con molestia y pesar a esta situación. “Hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas, que es si el Gobierno hubiese reaccionado si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz. Acá tenemos que anticiparnos”, declaró.
El mandatario también enfatizó que la revisión busca evitar que personas inocentes sean perjudicadas por los errores de otros, reconociendo que muchas fundaciones realizan su trabajo de manera correcta y comprometida. Por eso llamó a no meter a todos en el mismo saco. Sin embargo, también aclaró que no defenderá anticipadamente a nadie.
“Yo no pongo las manos al fuego por nadie y casos de estas características no estamos exentos que sucedan”, dijo. “La diferencia va a estar marcada por la reacción que tengamos, no tener un doble estándar, no titubear, no hacer defensas corporativas de nadie, ni tratar de hacer protecciones porque este es cercano a mí o cercano a otra persona”, cerró.
