La Corte Suprema de Chile ha revocado una decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, aceptando un recurso de protección presentado por Transportes Aéreos San Rafael contra la Inspección Provincial del Trabajo de Coyhaique. Este caso se centra en la inadmisibilidad de recursos de reposición y jerárquico que la empresa había interpuesto tras la negativa a sustituir multas administrativas impuestas por infracciones laborales relacionadas con un accidente fatal.
El conflicto se originó a raíz de resoluciones administrativas que rechazaron la sustitución de cuatro multas por incumplimientos en materia de higiene y seguridad laboral. La empresa argumentó que la declaración de inadmisibilidad carecía de fundamento legal, ya que no existe un procedimiento específico en la legislación laboral para apelar el rechazo de la sustitución de multas por programas de asistencia o capacitación. Según Transportes Aéreos San Rafael, la autoridad había aplicado incorrectamente normas que regulan la reclamación judicial de multas, lo que resultó en un acto irrecurrible que vulneraba el principio de impugnabilidad y las garantías de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.
La Inspección Provincial del Trabajo, en su defensa, solicitó el rechazo del recurso, argumentando que los recursos interpuestos eran improcedentes y que existían mecanismos específicos de impugnación que debían ser utilizados en sede jurisdiccional. La autoridad sostuvo que la negativa a sustituir las multas era correcta, dado que las infracciones se derivaron de un accidente con resultado fatal, lo que, según la normativa, excluye la posibilidad de acceder a programas sustitutivos.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique había desestimado el recurso de protección, argumentando que no se configuraba un acto ilegal ni arbitrario en la inadmisibilidad de los recursos administrativos. Sin embargo, la Corte Suprema, al revisar el caso, determinó que la Inspección Provincial del Trabajo había actuado de manera ilegal al declarar inadmisibles los recursos, ya que esto contravenía el principio de impugnabilidad establecido en la Ley N° 19.880, que permite a los administrados impugnar actos administrativos mediante recursos de reposición y jerárquico.
El máximo tribunal subrayó que, al optar por continuar la impugnación en el ámbito administrativo, la empresa tenía derecho a que sus recursos fueran tramitados conforme a las reglas del procedimiento administrativo general. Por lo tanto, la Corte Suprema ordenó a la Inspección Provincial del Trabajo que tramitara los recursos de reposición y jerárquico interpuestos por Transportes Aéreos San Rafael, restableciendo así el derecho de impugnación de la empresa.
Este fallo resalta la importancia del principio de impugnabilidad en el ámbito administrativo y la necesidad de que las autoridades respeten los derechos de los administrados en sus interacciones con la administración pública.
