La Corte Suprema de Chile ha confirmado la condena de un individuo a tres años y un día de presidio menor por receptación de un vehículo robado, desestimando el recurso de nulidad presentado por su defensa.
El fallo, emitido el 22 de febrero de 2024, ratifica la sentencia del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que también impuso una multa de 4 UTM y las accesorias legales correspondientes. La defensa del acusado argumentó que el control de identidad que llevó a su detención fue ilegal, alegando que se vulneró su derecho a un juicio justo, en base al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal y el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución.
La Corte, sin embargo, recordó que el tribunal de juicio había establecido que el imputado fue sorprendido por Carabineros mientras se encontraba al lado de un vehículo con las puertas abiertas. Al notar la presencia policial, el acusado intentó huir, pero fue alcanzado a pocos metros. Durante la detención, afirmó ser el propietario del automóvil, el cual había adquirido a través de Facebook por tres millones de pesos, y tenía llaves que encajaban en la cerradura del encendido.
No obstante, al inspeccionar el vehículo, los funcionarios policiales encontraron daños evidentes en la chapa de la puerta delantera izquierda y confirmaron que el automóvil tenía un encargo vigente por robo. Además, las placas patentes del vehículo correspondían a otro automóvil de características similares, lo que el acusado no pudo justificar ni explicar.
La Corte Suprema subrayó que, aunque la dirección de la investigación penal corresponde al Ministerio Público, el Código Procesal Penal otorga a la policía un margen de autonomía para actuar, siempre que se respete la legalidad y los derechos fundamentales. En este caso, la Corte consideró que el control de identidad inicial se transformó en uno investigativo de manera legítima, dado que se presentaron diversos indicios objetivos, como la huida del imputado y los daños en el vehículo.
Finalmente, la Corte concluyó que el procedimiento policial fue legal y que la detención del acusado por receptación estaba debidamente justificada, por lo que desestimó el recurso de nulidad y confirmó la validez de la sentencia condenatoria.
