Corte Suprema suspende nuevamente revisión del recurso de nulidad de Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual a menores. Caso sigue sin resolución.
Un severo portazo le dio la Corte Suprema a Eduardo Macaya, al suspender por segunda vez la revisión del recurso de nulidad que había sido presentado por la defensa del empresario. Es importante recordar que el padre del senador Javier Macaya fue condenado a seis años de prisión por el delito de abuso sexual a menores de 14 años. Ante esta condena, los abogados de Eduardo Macaya interpusieron un recurso con el objetivo de anular el juicio, el cual estaba programado para ser revisado por la Corte Suprema el 9 de septiembre.
Una investigación realizada por la periodista Paulina Allende-Salazar, publicada en El Mostrador, reveló detalles sobre cómo habría actuado el padre de Javier Macaya en relación con los delitos que se le imputan. Sin embargo, en la fecha inicial programada para la revisión, el máximo tribunal del país decidió suspender el trámite, ya que se encontraba revisando la situación de la ministra Ángela Vivanco, quien está involucrada en el Caso Hermosilla. A través de un breve comunicado, se informó que “las salas del máximo tribunal no sesionarán en la jornada”.
El 23 de septiembre, la Corte Suprema volvió a dejar el caso de Eduardo Macaya sin resolución, confirmando que no se llevarían a cabo sesiones para revisar este tipo de causas judiciales. Actualmente, el empresario Eduardo Macaya se encuentra recluido en la cárcel de Rancagua, tras haber sido condenado el 19 de julio por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando. En esa resolución unánime, se determinó que el ingeniero agrónomo de 72 años era culpable de varios delitos de abuso sexual a menores de 14 años.
Durante el juicio, se acreditó que Eduardo Macaya cometió dos de los delitos de abuso sexual en contra de una víctima que tenía entre 8 y 9 años en una fecha indeterminada, así como otros dos delitos en contra de una segunda víctima entre abril y mayo de 2023. El tribunal decidió decretar la prisión preventiva del condenado, argumentando el peligro de fuga, sin fijar caución alguna.
