En un escenario complejo se encuentra Ángel Valencia, luego de que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección presentado por los diputados comunistas, Boris Barrera y Luis Cuello. Este recurso ordena a la Fiscalía Nacional investigar la denuncia de los parlamentarios en relación con el fiscal nacional y la reunión que sostuvo con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick tras su nombramiento, reunión que no fue registrada conforme a lo que establece la Ley del Lobby.
La acción judicial fue desestimada el pasado 22 de octubre de 2024 por el fiscal Héctor Barros, quien se encontraba subrogando a Valencia. Entre los argumentos presentados por la Fiscalía Nacional para no dar curso a la denuncia se encuentra que la reunión no debía ser registrada, ya que no se trataron materias institucionales. Sin embargo, esta determinación fue revocada por la Tercera sala de la Corte Suprema el pasado 26 de agosto, que ordenó a la Fiscalía Nacional dejar sin efecto la resolución y “dar curso a la denuncia como en derecho corresponde”.
En el fallo se detalla que “aquello que se acusa por medio de la presente acción constitucional no es el encuentro al que se le atribuye la calidad de infracción a la llamada Ley de Lobby, ni tampoco es el contenido y argumentación del rechazo a la presentación de los recurrentes, sino que, como se desprende de la literalidad del recurso presentado y, en particular, de su parte petitoria, se discute por los actores el hecho de no haberse seguido el procedimiento establecido en la Ley N° 20.730 ante la presentación de una denuncia, cualquiera sea el contenido de aquella”.
En este sentido, el máximo tribunal sostiene que “el Ministerio Público ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario”, ya que al descartar la denuncia le “resta propósito al sentido de establecer un procedimiento de tramitación de denuncias, y permite, en la práctica, como ocurrió en este caso, que cualquier presentación de un interesado a través de la cual se informe de una presunta vulneración (…) sea conocida y, además, resuelta, por un subordinado del denunciado”. La Ley de Lobby establece que deben ser tres persecutores del Consejo de Fiscales los que deben analizar la denuncia y dar curso a su investigación.
La reunión que complica al fiscal nacional se habría llevado a cabo días después de que Ángel Valencia fuera designado como fiscal nacional por el Congreso a petición del presidente de la República. Esta reunión se habría concretado en la casa del exministro del Interior, Andrés Chadwick, a la que también asistió el abogado y principal imputado del caso Audios, Luis Hermosilla. Esta información fue confirmada por el propio Valencia tras el estallido del caso Audios, indicando que la reunión se habría gestado para “limar asperezas” con los involucrados durante su candidatura al Ministerio Público. Sin embargo, esta versión fue desmentida por Hermosilla.
Por medio de un recurso de protección, el exasesor de ambos gobiernos de Piñera sostuvo que la cita “no se trató de ‘limar asperezas’ en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. La verdad es que esa reunión fue solicitada por el propio fiscal nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique, sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”. Sin embargo, esta versión fue negada por Andrés Chadwick, quien sostuvo por medio de un comunicado que no “he solicitado ni recibido antecedentes de esa naturaleza, menos aún lo habría hecho utilizando canales informales”.
De igual forma, la Fiscalía Nacional también desmintió la versión de Hermosilla, indicando que “entendemos que el señor Juan Pablo Hermosilla tiene derecho a ejercer la defensa de su representado, (…) pero su rol no puede estar basado en mentiras, acusaciones sin fundamento y en una estrategia alejada de todo proceso judicial”, agregando que se presentaría una denuncia en contra del jurista ante el Colegio de Abogados. A pesar de las versiones contrapuestas de los involucrados, los chats del celular de Luis Hermosilla son claros respecto de las gestiones que ejerció para proteger al fallecido mandatario.
