
El 18 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que condena al Estado de Chile por las inadecuadas condiciones de detención de adolescentes en los centros del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y por la muerte de diez jóvenes en un incendio ocurrido en el centro “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt en el año 2007.
Detalles del incendio en el centro “Tiempo de Crecer”
La CIDH afirmó que “el Estado, pese a la posición particular de especial garante que detentaba respecto a la población privada de libertad en el Centro ‘Tiempo de Crecer’ de Puerto Montt, no tomó las medidas necesarias para prevenir el incendio del 21 de octubre de 2007, ni tampoco actuó con la diligencia debida frente al desarrollo del incidente”. Este hecho trágico ha llevado a la Corte a determinar que Chile tiene “responsabilidad internacional” en este caso, y se ha fijado una compensación económica de aproximadamente 14 millones de pesos para Mirsia Isabel Almonacid, madre de uno de los jóvenes que fallecieron en el incendio.
Condiciones precarias en los centros de internación
Además de la condena por el incendio, la CIDH también responsabilizó al Estado chileno por las condiciones inadecuadas en las que permanecieron 271 adolescentes entre los años 2006 y 2009 en los centros de internación provisoria y régimen cerrado Lihuén, Antuhué y San Bernardo. Las deficiencias identificadas en estos centros incluyen hacinamiento, falta de infraestructura adecuada, condiciones higiénicas deficientes, ausencia de segregación por edad y situación procesal, uso de celdas de castigo o aislamiento, y carencias en los programas educativos.
La Corte destacó que “los menores de edad se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad, por lo que el Estado debe adoptar medidas especiales y garantizar sus derechos con mayor cuidado y responsabilidad”. En este contexto, el fallo subraya que Chile debe “continuar implementando mejoras en los centros de privación de libertad para jóvenes en conflicto con la ley, informar sobre la creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para casos de violencia institucional en el SENAME, e incorporar estándares de derechos humanos en los programas de formación continua de los actores que intervienen en el sistema de responsabilidad penal adolescente”.
Indemnización a exinternos del SENAME
En relación a la indemnización de los 271 exinternos del SENAME, el Estado deberá pagar un total de aproximadamente 647 millones de pesos. Esta medida busca compensar a los jóvenes que sufrieron las consecuencias de las condiciones inadecuadas en las que fueron mantenidos.
Respuesta del Gobierno chileno
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, a través de un comunicado, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de los adolescentes que han infringido la ley y que están bajo la custodia del Estado. El ministerio enfatizó la importancia de priorizar el respeto a los derechos fundamentales de estos jóvenes y promover sus procesos de reinserción social en un entorno que garantice su desarrollo personal.