La jueza de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitió el 21 de enero de 2026 una resolución que afecta a una demanda colectiva contra Google, presentada por cuatro consumidores que acusan a la empresa de restringir ilegalmente la competencia en el mercado de servicios de búsqueda en Estados Unidos.
Los demandantes argumentan que Google ha establecido acuerdos de exclusividad con fabricantes de dispositivos móviles, vendedores y desarrolladores de navegadores, lo que le permite ser el motor de búsqueda predeterminado en productos de Apple, dispositivos Android y navegadores como Safari y Firefox. Esta situación, según los demandantes, limita la competencia y perjudica a los consumidores.
La resolución judicial desestimó los argumentos de Google sobre la falta de legitimación activa de los demandantes bajo la Ley Sherman, que regula las prácticas antimonopolio. Google había sostenido que los daños reclamados eran especulativos y que su motor de búsqueda seguiría siendo la opción principal debido a su calidad. Sin embargo, el tribunal consideró que los demandantes presentaron alegaciones plausibles, sugiriendo que en un mercado competitivo podrían haber surgido alternativas con mejores características, como mayor protección de la privacidad o compensaciones económicas para los usuarios.
El tribunal también determinó que las reclamaciones son válidas respecto a las acciones de Google desde su acuerdo con Mozilla en 2017, aplicando la doctrina de infracciones continuas. Esto significa que la firma de nuevos acuerdos y la renegociación de contratos durante el periodo de prescripción constituyen actos independientes que generan nuevos perjuicios acumulativos.
No obstante, el tribunal rechazó la solicitud de los demandantes de extender el plazo de las reclamaciones mediante la doctrina del ocultamiento fraudulento, al considerar que no se alegaron actos de engaño con la especificidad necesaria.
En cuanto a las leyes estatales, la orden judicial mantiene la validez de las reclamaciones bajo la Ley de Competencia Desleal de California y la pretensión de enriquecimiento injusto, argumentando que la existencia de una reclamación plausible bajo la Ley Sherman justifica la continuación de las acciones estatales.
Además, se destacó que las indemnizaciones monetarias podrían no ser suficientes para compensar la falta de acceso a servicios con mejores estándares de privacidad, lo que valida la solicitud de medidas cautelares y estructurales.
Finalmente, la jueza otorgó a los demandantes un plazo hasta el 20 de febrero de 2026 para corregir las deficiencias en las alegaciones de ocultamiento fraudulento. El proceso judicial continuará para determinar la responsabilidad de Google en la supuesta creación y mantenimiento de un monopolio a través de acuerdos que, según la demanda, le permiten retener datos de búsqueda que de otro modo no habría obtenido.
