La Corte de Casación de Francia ha dictaminado que la condición de parte civil otorgada a personas que se declaran víctimas de atentados terroristas no es vinculante para el juez civil que revisa las decisiones del Fondo de Garantía de Indemnización a las Víctimas de Actos de Terrorismo y Otros Delitos (FGTI). Este fallo busca aclarar la separación deliberada entre los procedimientos penales y civiles, con el objetivo de agilizar y unificar el tratamiento de las solicitudes de compensación.
El régimen de indemnización, que se basa en el Código de Seguros y el Código de Organización Judicial, asigna al FGTI la responsabilidad de evaluar y pagar las reparaciones por daños corporales. Desde 2019, las controversias relacionadas con las decisiones del Fondo son resueltas por el tribunal civil de París, conocido como JIVAT, lo que permite centralizar los recursos y mantener un criterio homogéneo en la evaluación de las solicitudes.
El Código de Procedimiento Penal permite a las personas afectadas por actos terroristas presentar demandas civiles dentro del proceso penal, aunque la compensación económica dependa del mecanismo civil. Esta participación les otorga acceso al expediente y la posibilidad de intervenir durante la investigación y el juicio, aunque no asegura que el juez civil acepte automáticamente su solicitud de indemnización.
Los casos analizados por la Corte se relacionan con los atentados en Niza en 2016 y en Bataclan en 2015. En el primer caso, varios individuos que se encontraban en las cercanías del ataque solicitaron compensaciones por daños psicológicos, aunque no estuvieron directamente expuestos al camión que causó el atentado. A pesar de que el tribunal penal los aceptó como partes civiles, el FGTI rechazó sus solicitudes, argumentando que el daño alegado provenía del movimiento de la multitud tras el ataque. Esta decisión fue respaldada por el JIVAT y el Tribunal de Apelación.
En el caso del Bataclan, una vecina de un edificio cercano que presenció parte de los hechos desde su hogar, también fue admitida como parte civil por el tribunal penal, pero su solicitud de compensación fue denegada por el FGTI, que argumentó que no había habido un ataque directo en su contra. Esta negativa fue confirmada por las instancias civiles.
La Corte de Casación subrayó que la separación de los procedimientos penal y civil busca evitar que la resolución de las solicitudes de indemnización dependa del avance del proceso penal, asegurando que todas las reclamaciones sean tratadas con el mismo estándar. Sin embargo, también enfatizó que los criterios para identificar a una víctima de terrorismo deben ser equivalentes en ambos ámbitos y considerar la naturaleza indiscriminada de estos actos.
Según la Corte, se puede considerar víctima a quien esté expuesto a un riesgo real de muerte o lesiones, o a quien, por su proximidad al lugar y conocimiento de los hechos, pueda legítimamente creer que se encuentra ante un peligro inmediato.
Con base en esta definición, la Corte concluyó que los solicitantes en el caso de Niza no cumplían con los requisitos para acceder a la compensación del Fondo. En cambio, respecto al caso del Bataclan, determinó que la demandante sí había estado expuesta a un riesgo objetivo, por lo que la decisión que rechazó su indemnización debe ser anulada y el asunto revisado nuevamente por el tribunal competente.
