La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha programado el inicio del desalojo de la megatoma de San Antonio para el próximo jueves 27 de febrero a las 10:00 horas. Este desalojo deberá llevarse a cabo de manera “razonable y paulatina”, según el fallo que fue dado a conocer el lunes. La megatoma de San Antonio es reconocida como la más grande de Chile.
Detalles del fallo judicial
El fallo establece que tanto la parte recurrente como la Ilustre Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Carabineros de Chile deberán coordinar un plan de desalojo que contemple una división cuadricular. La resolución indica que el desalojo se realizará en etapas, asegurando que el lanzamiento se efectúe de forma “razonable y paulatina”. Este fallo fue firmado por los ministros Jaime Arancibia y Claudia Parra, junto con el abogado integrante Eduardo Morales.
Contexto del desalojo
Este proceso de desalojo se enmarca en el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de marzo de 2024, que a su vez confirmó una resolución anterior de la misma Corte de Apelaciones de Valparaíso, emitida en junio de 2023, que ordenó la restitución de los terrenos a sus propietarios. La megatoma de San Antonio alberga a más de 10.000 personas y cuenta con 4.136 viviendas que ocupan un total de 260 hectáreas en el cerro Centinela, lo que la convierte en la toma más grande del país.
Reacciones del Gobierno
Ante la complejidad del desalojo, el Gobierno ha emitido una declaración pública en la que hace un llamado a la calma. En esta declaración se menciona que el fallo de la Corte establece que el desalojo se llevará a cabo en etapas y de manera razonable, lo que implica que no se trata de un acto inminente. El Gobierno también ha afirmado que “respetan las resoluciones que emanan de la justicia, como corresponde a un Estado democrático”. Además, se subrayó que este es un problema nacional, dado que existen 1.432 campamentos distribuidos a lo largo del país.
Próximas acciones
El Gobierno ha informado que el próximo lunes 24 de febrero, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Ministerio del Interior y los propietarios de los terrenos se reunirán con el objetivo de buscar una solución al conflicto. En la declaración se destaca que un desalojo presenta diversas dificultades, incluidas las de carácter humanitario, ya que 4.100 familias residen en el Cerro.
El Gobierno concluyó su declaración afirmando: “Sabemos que esta no es una situación fácil, por eso seguimos trabajando con fuerza en una solución definitiva que deje conforme a todas las partes involucradas”.
