La Corte de Apelaciones de Santiago ha decidido favorablemente respecto a la solicitud del Ministerio Público, permitiendo así que se solicite a los Emiratos Árabes Unidos la extradición de una ciudadana italiana. Esta persona ha sido formalizada en ausencia en Chile como presunta autora del delito reiterado de apropiación indebida y uso fraudulento de cuentas corrientes o transacciones electrónicas. El monto que se alega que fue defraudado asciende a $107.121.539. En caso de que se demuestre la culpabilidad de la acusada, las penas podrían variar entre tres años y un día hasta cinco años de prisión. Además, el uso fraudulento de cuentas corrientes o transacciones electrónicas podría conllevar una pena de privación de libertad que oscila entre quinientos cuarenta y un días y cinco años, según lo indicado por el Diario Constitucional.
Detalles del caso
Según el documento judicial, la imputada contrajo matrimonio con un ciudadano chileno en el año 2018. Posteriormente, el esposo falleció en 2021 a la edad de 55 años. Tras su muerte, la acusada habría accedido de manera virtual a la cuenta del difunto, suplantando su identidad y eludiendo las medidas de seguridad del banco. Esto le permitió realizar transferencias electrónicas desde la cuenta del fallecido hacia su propia cuenta personal, acumulando un total de $78.736.539. Además, se menciona que la imputada también transfirió diversas sumas a otras personas que son conocidas por ella.
Requisitos para la extradición
El fallo de la Corte de Apelaciones establece que para que la extradición sea efectiva, deben cumplirse varios requisitos. Estos incluyen que el hecho en cuestión sea considerado un delito tanto en la legislación del país que solicita la extradición como en la del país requerido. También es necesario que el delito tenga asignada una pena privativa de libertad de al menos un año.
Además, se requiere que el delito sea actualmente perseguible, lo que implica que debe existir un decreto u orden de aprehensión o prisión pendiente. También es fundamental que la acción penal o la pena no se encuentren prescritas, que el Estado requirente tenga jurisdicción para juzgar el hecho y que la solicitud no se refiera a un delito político o relacionado con uno de estos.
Decisión de la Corte
La Corte de Apelaciones ha determinado que se cumplen todas estas exigencias, lo que justifica la procedencia de la solicitud de extradición. Asimismo, se ha dispuesto que el Juzgado de Garantía imponga la medida cautelar de prisión preventiva anticipada. Aunque la defensa ha cuestionado la proporcionalidad de esta medida, se argumenta que la pluralidad de los delitos imputados sugiere un riesgo de fuga. Por lo tanto, se considera que la única medida proporcional para asegurar los fines del procedimiento es obligar a la imputada a comparecer mediante el proceso de extradición, lo que implica su detención durante el tiempo intermedio para evitar su posible fuga.
Este artículo presenta un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que las autoridades competentes lo determinen.
